En una serie de audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excomandantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP reconocieron su participación directa en atentados terroristas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, así como en otros ataques que causaron graves afectaciones a la población civil durante el conflicto armado en Colombia.
Entre los hechos admitidos por los comparecientes está el ataque con rockets durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002, en el centro de Bogotá, que dejó 27 muertos y 69 heridos. También reconocieron su responsabilidad en el atentado con carrobomba en el Club El Nogal, ocurrido en febrero de 2003, en el que murieron 33 personas y casi 200 resultaron heridas.
Los exjefes guerrilleros también aceptaron haber atentado en dos ocasiones contra Germán Vargas Lleras. El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando un libro bomba le causó graves heridas; el segundo, el 10 de octubre de 2005, cuando estalló un carrobomba cerca de Caracol Radio, dejando nueve heridos.
Asimismo, reconocieron otras acciones criminales como la instalación de una bicicleta bomba en el barrio Fátima de Bogotá, en 2002, que mató a seis personas, entre ellas una niña y su madre, además de dejar a 28 policías heridos. También admitieron la masacre de trabajadores de la Asociación de Municipios de Cundinamarca.
Entre los excomandantes que rindieron versión libre están Rodrigo Londoño (Timochenko), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Quintero Estévez (Arcesio Angarilla), Evaristo Marroquín (Heliodoro Suárez), Heliud Restrepo (Samuel Vásquez), Francisco Rivera (Julio Marquetalia), Wilmar Marín (Hugo 22) y Bernardo Mosquera (Negro Antonio).
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, a cargo de las audiencias, también abordó ataques a estaciones de Policía en varios municipios de Cundinamarca, como Fosca, Sueva, Chiguaní y Venecia, entre otros, en los que se afectó gravemente a civiles. Los excomandantes explicaron la logística de los ataques e incluso recrearon los hechos mediante maquetas.
La JEP señaló que varios de estos crímenes no habían sido documentados en otros macrocasos y que se trataría de hechos no amnistiables dentro del proceso de justicia transicional.
