La crisis política en Nicaragua volvió a escalar en las últimas horas luego de que la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) solicitara públicamente a Estados Unidos considerar una intervención militar que, según el grupo, permita poner fin al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y abrir paso a una transición democrática.
La petición fue divulgada este jueves 10 de septiembre mediante un comunicado en el que los exiliados sostienen que las vías democráticas internas están cerradas y que Washington sería el principal actor con capacidad para respaldar una salida a la crisis.
“Frente a la magnitud de la crisis y el cierre de las vías democráticas internas”, la organización pidió al Gobierno estadounidense evaluar una intervención militar que contribuya al “fin de la dictadura”, según el comunicado citado.
La propuesta contempla, de acuerdo con la UEN, que una eventual intervención permita detener la represión, liberar a los presos políticos y desmontar las estructuras de seguridad y grupos armados que, según los exiliados, han sido utilizados para sostener al actual régimen.
Entre sus planteamientos también aparece el “desarme y disolución” de estructuras como la Policía Nacional, el Ejército y grupos que la organización califica de paramilitares. Asimismo, reclamó la liberación inmediata de los considerados presos políticos y la creación de condiciones para una transición democrática.
La UEN justificó su solicitud denunciando persecución política, desapariciones forzadas, desplazamiento de ciudadanos, restricciones a las libertades públicas y cierre de espacios para la oposición.
La polémica declaración de Ortega sobre las elecciones
La petición de los exiliados se produce después de unas controvertidas declaraciones de Daniel Ortega sobre el futuro electoral de Nicaragua.
A finales de julio, durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, al cuestionar las aspiraciones de sectores opositores de regresar al poder mediante las urnas.
Ortega, quien gobierna el país desde 2007 y comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, sostuvo entonces que la oposición pretendía utilizar los procesos electorales para recuperar el control del Estado.
Las declaraciones provocaron nuevas críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que han cuestionado el deterioro de las garantías democráticas en Nicaragua.
Reforma constitucional aumenta la tensión
La controversia también se intensificó a comienzos de septiembre, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución.
Entre los cambios se encuentra una ampliación del periodo presidencial de seis a siete años y restricciones para que personas consideradas por el oficialismo como “traidores a la patria” o “golpistas” puedan participar en procesos electorales.
La reforma todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente.
Ortega, de 80 años, llegó nuevamente al poder en 2007 después de haber sido una de las principales figuras de la revolución sandinista que derrocó a la familia Somoza en 1979. Desde entonces ha permanecido al frente del Ejecutivo y ha consolidado una estructura de poder junto a Rosario Murillo.
Murillo, quien anteriormente ocupó la Vicepresidencia, actualmente ejerce como copresidenta de Nicaragua tras una reforma institucional que modificó la estructura del Ejecutivo.
También piden intervención de la OEA
La Unidad de Exiliados Nicaragüenses no limitó su llamado a Washington. La organización también pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) asumir una participación que calificó como “activa y efectiva” para defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en Nicaragua.
La propuesta de una intervención militar estadounidense representa una de las solicitudes más contundentes formuladas por sectores del exilio nicaragüense frente al gobierno de Ortega.
Sin embargo, cualquier eventual acción militar de Estados Unidos implicaría enormes repercusiones políticas, diplomáticas y regionales, por lo que la petición de la UEN no significa que exista actualmente una decisión de Washington de intervenir militarmente en Nicaragua.
