En una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, se desarticuló una red criminal que operaba un matadero clandestino en el centro de Colombia.
Esta red sacrificaba vacas, caballos y burros para vender su carne en instituciones públicas, incluidos colegios, cárceles y otras entidades del Estado en Boyacá y Cundinamarca.
Ocho personas fueron capturadas y acusadas de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos. Las autoridades informaron que la carne sacrificada en condiciones insalubres era transportada sin cadena de frío desde la zona rural de Chiquinquirá, Boyacá, hasta bodegas en Bogotá y Cota. Allí, a través de intermediarios, se distribuía a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y comercios.
La Fiscalía reveló que los animales sacrificados estaban “enfermos y en malas condiciones”, y que el matadero operaba sin los permisos correspondientes y en precarias condiciones de salubridad.
Los administradores de las bodegas clandestinas, Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, fueron enviados a prisión preventiva, mientras que otros implicados, como John Anderson Pineda, Gildardo Antonio Isaza, Yuber Molina, Luis Alfonso Pecue y Soledad Quintero, recibieron órdenes de detención domiciliaria.
