La controversia comenzó después de que Cáceres, actualmente vinculada a sectores del Pacto Histórico que adelantan oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella, cuestionara el proyecto de Presupuesto General de la Nación y advirtiera sobre posibles afectaciones a programas sociales del ICBF.
La respuesta de Restrepo fue directa y puso sobre la mesa el número de personas que, según afirmó, estuvieron vinculadas como asesores durante la anterior administración.
“Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 asesores”, afirmó la actual directora.
El señalamiento abrió inmediatamente un nuevo frente de confrontación entre ambas funcionarias. Restrepo también cuestionó el nivel de remuneración de uno de los asesores, de quien aseguró que recibía cerca de $15 millones mensuales, además de una prima técnica.
Según la actual directora, ese funcionario habría terminado realizando labores que, a su juicio, no justificarían una remuneración de ese nivel, pues lo describió como una especie de encargado de verificar asuntos operativos dentro de las instalaciones del instituto.
Pero las críticas no se limitaron a la contratación de asesores. Restrepo también puso bajo la lupa el pago de un arriendo superior a $220 millones mensuales por unas instalaciones que, según sostuvo, tendrían espacios con baja ocupación.
La funcionaria acompañó su denuncia con imágenes de las oficinas y planteó interrogantes sobre la conveniencia de mantener ese gasto en momentos en que el Gobierno busca revisar el funcionamiento de las entidades estatales y optimizar los recursos públicos.
Cáceres, por su parte, rechazó las acusaciones y exigió una rectificación pública. La exdirectora sostuvo que las afirmaciones de Restrepo no pueden presentarse como hechos demostrados sin mostrar los documentos que permitan verificar las cifras.
“Esas no son simples opiniones”, manifestó Cáceres, quien pidió que se hagan públicos los nombres, cargos, modalidades de vinculación, fechas, dependencias, funciones, estudios técnicos y contratos utilizados para sustentar la denuncia.
La exdirectora también cuestionó que se mezclen funcionarios de planta con contratistas o que se presenten cifras sin precisar los períodos de vinculación y las funciones desempeñadas.
La disputa deja así un interrogante central: ¿cuántos asesores y contratistas estuvieron realmente vinculados al despacho de Astrid Cáceres, bajo qué modalidad y cuánto le costaron al ICBF?
La documentación contractual y presupuestal de la entidad será clave para determinar si los señalamientos corresponden a una sobredimensión de las cifras o si, por el contrario, existió una estructura de contratación que merece ser revisada.
El enfrentamiento además ocurre en medio de la discusión sobre el presupuesto de 2027 y de la decisión del Gobierno de De La Espriella de revisar contratos, cargos y gastos administrativos que considere innecesarios.
La polémica podría trasladarse ahora al terreno jurídico, pues Cáceres dejó claro que espera que las acusaciones sean sustentadas documentalmente y anticipó que continuará defendiendo su actuación en las instancias correspondientes.
