De acuerdo con la información recopilada por el organismo de control, solo cuatro de las 28 EPS que operan en Colombia cumplen actualmente con los requisitos financieros establecidos por la ley: Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía.
El panorama resulta especialmente complejo entre las entidades que se encuentran bajo intervención estatal. Según el análisis, EPS como Nueva EPS, Sanitas y Coosalud no muestran una recuperación financiera suficiente y continúan registrando indicadores preocupantes.
Uno de los principales factores que explican el deterioro financiero está relacionado con el comportamiento de los gastos frente a los recursos recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En el primer trimestre de 2026, las EPS intervenidas gastaron en promedio $117,8 por cada $100 que recibieron, mientras que las entidades no intervenidas gastaron alrededor de $100,8 por cada $100.
El informe también señala que 17 de las 26 EPS que entregaron información para el análisis registraron pérdidas durante 2025. En promedio, estas entidades utilizaron cerca del 110 % de los recursos que recibieron, evidenciando un desbalance entre ingresos y costos de atención.
Nueva EPS, el caso que más preocupa
Dentro del panorama presentado por la Contraloría, la situación de Nueva EPS genera especial preocupación. La entidad, considerada la EPS con mayor número de afiliados del país, con cerca de 11,6 millones de usuarios, no entrega información financiera desde marzo de 2024.
Además, Nueva EPS no logró certificar sus estados financieros correspondientes a 2025 y tampoco cuenta con estados financieros aprobados desde diciembre de 2024.
La explicación entregada está relacionada con la necesidad de procesar la facturación mediante sus sistemas tecnológicos antes de poder certificar las cuentas. Sin embargo, la falta de información actualizada dificulta conocer con precisión la verdadera dimensión de su situación financiera.
La última cifra recopilada por el organismo de control ubica las obligaciones de Nueva EPS en alrededor de $26 billones, una cifra que representa una parte considerable de la deuda total registrada en el sistema.
También crecen las deudas con proveedores
El problema no se limita a las obligaciones entre EPS y prestadores de servicios de salud. Entre 2024 y 2025, las deudas de las EPS con proveedores de medicamentos alcanzaron aproximadamente $3,8 billones.
Este comportamiento aumenta la presión sobre la cadena de suministro y puede afectar la capacidad de hospitales, clínicas y proveedores para garantizar de manera oportuna medicamentos, tratamientos y otros servicios a los pacientes.
El informe de la Contraloría vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, particularmente en un momento en el que varias EPS permanecen bajo vigilancia o intervención.
La principal preocupación ahora es determinar si las medidas adoptadas por el Gobierno serán suficientes para contener el crecimiento de las obligaciones y garantizar los recursos necesarios para atender a millones de colombianos.
Mientras las autoridades avanzan en la revisión de las cuentas, el organismo de control insiste en la necesidad de contar con información financiera completa y actualizada para establecer con precisión el estado real de las EPS y tomar decisiones que permitan enfrentar la crisis.
