El senador sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido cuantiosos recursos de cooperación internacional sin la debida rendición de cuentas, al tiempo que impulsó un acto legislativo para trasladar sus expedientes pendientes a la justicia ordinaria.
En el marco del debate sobre el alcance y los resultados del modelo de justicia transicional en el país, el senador Enrique Gómez Martínez cuestionó con dureza la gestión administrativa, presupuestal y operativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Gómez señaló que la entidad omitió informar fehacientemente sobre la recepción de $306.000 millones provenientes de fuentes de cooperación internacional, al tiempo que calificó la estructura del tribunal como una carga burocrática desproporcionada que no ha cumplido sus objetivos de verdad, reparación y no repetición.
Las críticas del parlamentario se sumaron a los cuestionamientos públicos expresados previamente por el excanciller Álvaro Leyva sobre la desviación del marco original acordado para esta jurisdicción.
Proyectos de ley, costos de la estructura transicional y ruta de cierre
Denuncia por cooperación internacional: Gómez afirmó que la JEP ha omitido reportar con transparencia la ejecución de $306.000 millones otorgados por cooperación internacional, los cuales se suman al presupuesto asignado a sus más de 60 magistrados y a la nómina de procuradores delegados con grado 2 destinados a acompañar las diligencias del tribunal.
Proyecto de acto legislativo radicado: La iniciativa de autoría del senador busca fijar un tope perentorio de 10 años de funcionamiento para la JEP, impidiendo cualquier tipo de prórroga y estableciendo el cierre definitivo de la jurisdicción en marzo de 2028.
Traslado de expedientes a la justicia ordinaria: La propuesta plantea que las causas y procesos no resueltos para la fecha límite de cierre no queden en la impunidad, sino que sean asumidos por despachos de la justicia ordinaria (como los jueces de Justicia y Paz) bajo las reglas y beneficios normativos propios de la justicia transicional.
Balance del modelo de justicia: El congresista sostuvo que, mientras los componentes de reparación a las víctimas y fin del conflicto registran severos incumplimientos, la estructura actual del tribunal se convirtió en un aparato burocrático insostenible para las finanzas públicas.
La propuesta legislativa inicia su trámite en el Congreso, reabriendo la controversia parlamentaria sobre la vigencia temporal y el marco competencial de la administración de justicia posterior al acuerdo de paz
