La Fiscalía General de la Nación ha anunciado medidas drásticas en medio de un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD) y a destacados congresistas colombianos.
Entre los implicados se encuentran el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, su exsubdirector Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, quienes enfrentarán cargos por presuntos actos ilícitos en la entidad.
Además, la Fiscalía ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a nueve congresistas por su presunta vinculación en estos hechos de corrupción. Tres de ellos, Iván Name del partido Alianza Verde y presidente del Senado, Andrés Calle del partido Liberal y presidente de la Cámara de Representantes, y Wadith Manzur del partido Conservador, ya habían sido señalados anteriormente por Sneyder Pinilla.
Según las declaraciones de Pinilla ante las autoridades, Andrés Calle habría recibido personalmente la suma de $1.000 millones, mientras que Iván Name habría sido beneficiario de $3.000 millones, supuestamente entregados por Sandra Ortiz, quien ocupaba el cargo de consejera para las regiones.
Los otros congresistas que la Fiscalía ha solicitado investigar son Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Diego Muñoz Cabrera del partido Conservador, Karen Astrith Manrique Olarte de la curul especial de Paz por Arauca, Julio Elías Chagüi Flórez del partido Unión Por la Gente, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo Maya del partido Liberal.
Es importante destacar que la solicitud de investigación por parte de la Corte Suprema no implica una culpabilidad automática, sino que responde al protocolo establecido para investigar a los congresistas en casos de esta naturaleza.
Se espera que estas revelaciones generen un profundo impacto en el ámbito político colombiano y que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
