El presidente Abelardo De la Espriella habría impartido una directriz para impedir que los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Estado sostengan reuniones, encuentros o comunicaciones con el médico y empresario Mario Andrés Urán, señalado en investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos del sistema de salud.
La medida busca limitar la influencia de asesores externos en las decisiones administrativas y financieras de las entidades intervenidas, en medio de las investigaciones que involucran a las EPS Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Según los señalamientos que son materia de investigación, Urán habría tenido acceso a información financiera confidencial de estas entidades, incluidos presupuestos y listados de pagos a hospitales, pese a que su participación estaría relacionada con labores de asesoría externa a través de la firma Coosalud.
Las pesquisas también buscan establecer si existió direccionamiento de recursos hacia determinadas clínicas y laboratorios. Entre los asuntos bajo revisión figuran al menos 20 contratos considerados sospechosos y una posible participación oculta de Urán en una clínica que habría recibido más de $59.000 millones.
Otro de los puntos investigados es un eventual intento de adjudicación de un contrato por $180.000 millones mediante una presunta estructura paralela de contratación.
El caso también tiene antecedentes políticos. En octubre de 2024, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades relacionadas con este entramado y posteriormente salió de su cargo. Durante su administración, el Gobierno de Gustavo Petro atribuyó las responsabilidades señaladas a actuaciones de particulares y de la empresa Coosalud.
La defensa rechaza los señalamientos
El abogado Andrés Garzón, representante de Mario Andrés Urán, ha rechazado las acusaciones y sostiene que su cliente no tenía facultades legales para ordenar, autorizar o desviar pagos del sistema de salud. Según su defensa, las decisiones correspondían exclusivamente a los interventores designados por el Estado y la participación de Urán era de carácter técnico.
El proceso continúa bajo investigación y, de acuerdo con la información suministrada, no se han producido imputaciones ni condenas en firme contra Urán por estos hechos.
La directriz atribuida al presidente establece que los interventores que incumplan la restricción de contacto podrían ser separados de sus cargos.
Las acusaciones deberán establecerse ante las autoridades judiciales y no constituyen, por sí solas, una declaración de responsabilidad penal.
