Tras cerrar 2025 vinculado formalmente a un segundo proceso judicial, Nicolás Petro inicia el nuevo año bajo la lupa de la justicia. El exdiputado del Atlántico es procesado en dos expedientes distintos: uno por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y otro por presuntos hechos de corrupción relacionados con recursos públicos.
Segundo proceso: peculado y presunto desvío de recursos públicos
El caso más reciente tiene relación con la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría ejercido influencia para redireccionar recursos entregados por la Gobernación del Atlántico, destinados a programas de atención a adultos mayores.
El ente acusador sostiene que de un contrato por 400 millones de pesos, solo la mitad habría sido utilizada para su propósito social, mientras que los otros 200 millones habrían sido apropiados, presuntamente, por Nicolás Petro, su expareja Daysuris Vásquez y el representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, y delitos relacionados con falsedad documental, cargos que el exdiputado no aceptó.
El 19 de diciembre, el Juzgado 14 Penal de Control de Garantías de Barranquilla decidió no imponer medida de aseguramiento, al considerar que no existía riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. La decisión fue apelada por la Fiscalía y está pendiente de resolución en 2026.
Primer proceso: lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Paralelo a este expediente, avanza el proceso que se originó en julio de 2023, cuando Nicolás Petro fue capturado en su apartamento en el norte de Barranquilla. En este caso, la Fiscalía sostiene que habría recibido dinero de origen presuntamente ilícito para beneficio personal.
En la investigación se menciona, entre otros, a Gabriel Hilsaca, quien presuntamente habría entregado 400 millones de pesos al exdiputado. La principal testigo es Daysuris Vásquez, quien tras ser capturada inicialmente, se acogió a un principio de oportunidad y hoy es considerada testigo clave del ente acusador.
Durante diciembre de 2025, el Juez Segundo Especializado, Hugo Carbonó, avanzó en la audiencia preparatoria, resolviendo sobre la admisión de pruebas que serán utilizadas en el juicio oral. No obstante, el proceso tuvo tropiezos luego de que la defensa no estuviera preparada para sustentar recursos, situación que el juez advirtió no se puede repetir.
La continuación de la audiencia preparatoria quedó programada para el 23, 24 y 26 de febrero de 2026, fechas determinantes para definir el rumbo del juicio.
La campaña presidencial, otro frente abierto
El caso escaló al ámbito político cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación para establecer si parte de esos recursos habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Aunque Nicolás Petro aseguró que ningún dinero entró a la campaña, en noviembre de 2025 la Comisión ordenó una inspección al despacho de la Fiscalía que lleva el proceso en Barranquilla. Dicha diligencia aún no se ha realizado y quedó pendiente para 2026.
Un año decisivo
Con audiencias clave, recursos por resolver y dos procesos en curso, 2026 será un año determinante para el futuro judicial de Nicolás Petro. Las decisiones que se adopten en los próximos meses podrían llevar el caso a juicio oral pleno o redefinir su situación jurídica, en uno de los procesos más sensibles y mediáticos del país.
