Informaciones preliminares, no oficiales, dan cuenta de al menos 11 internos muertos y varios heridos durante el amotinamiento registrado en la madrugada de este domingo en la cárcel de Turi, en Cuenca, Ecuador.
Informaciones sin confirmar oficialmente señalan que alrededor de 52 internos lograron escapar, los cuales en su mayoría ya han sido recapturados; además habría más de 10 presos heridos
Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó este domingo que activó los protocolos de seguridad ante «alteraciones» al orden registradas en una cárcel del sur del país.
En su cuenta de Twitter, y sin profundizar en detalles, el SNAI dijo que en el centro de privación de la libertad N.1 de la provincia del Azuay se registraron «alteraciones al orden interno».
Ante ello, se activaron los protocolos de seguridad y se coordinó la intervención de Policía y las Fuerzas Armadas «para mantener la seguridad interna y externa del centro», indicó.
De su lado, la Policía indicó que, en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas «ha desplegado unidades especializadas, para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes» en la mencionada prisión.
Ante los acontecimientos en el centro de privación de la Libertad, el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, señaló que «el Gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y radicalismo dentro de los centros».
Añadió que el SNAI «no descansará hasta tener una política de dignidad en el sistema de rehabilitación».
CRISIS CARCELARIA
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su informe anual que, al finalizar 2020, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles de Ecuador, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.
Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar el 26 de febrero de 2021, 119 el 28 de septiembre y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendría relación con carteles de la droga de Colombia y México.
«Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa», remarcó por su parte Amnistía Internacional.
