Una serie de documentos y reportes citados en una investigación periodística volvieron a poner bajo la lupa los presuntos vínculos entre Diosdado Cabello, una de las principales figuras del poder venezolano, y estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con la información divulgada por NTN24, documentos a los que ese medio asegura haber tenido acceso en primicia indicarían que los posibles nexos entre Cabello y miembros del ELN se remontarían, al menos, a 1999. Los señalamientos hacen referencia a una relación que habría evolucionado durante las últimas décadas y que tendría como escenario principal las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela.
Uno de los nombres que aparece en las denuncias más recientes es el de Luz Amanda Pallares Pallares, conocida con el alias de Silvana Guerrero, señalada como comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN.
Según una investigación del periodista venezolano Casto Ocando, citada por Infobae y La FM, Guerrero habría encontrado protección en territorio venezolano y estaría relacionada con una propiedad ubicada en el estado Apure, cerca de la frontera con Arauca.
Ocando sostuvo que la guerrillera estaría residiendo en la finca El Chaparral, inmueble que, según su versión, habría sido expropiado años atrás por Cabello. También afirmó que en ese lugar se habrían producido encuentros entre el dirigente venezolano y Guerrero. Estas afirmaciones corresponden a la investigación periodística y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la existencia de una alianza criminal.
Otro de los señalamientos apunta a supuestos desplazamientos de Cabello hacia pistas clandestinas ubicadas en la frontera colombo-venezolana y presuntamente administradas por integrantes del ELN. De acuerdo con Ocando, esos movimientos estarían relacionados con el tránsito de cargamentos de cocaína.
La investigación también sostiene que la presencia del ELN en Venezuela no se limitaría a las zonas fronterizas. Ocando afirmó que integrantes de la organización tendrían actividad en por lo menos diez estados venezolanos, incluyendo zonas rurales y urbanas, y relacionó a algunos de sus integrantes con actividades de minería ilegal de oro.
Estos señalamientos adquieren especial relevancia debido a la posición que Cabello ocupa dentro de la estructura política y de seguridad venezolana. Actualmente es ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo desde el cual tiene responsabilidades sobre organismos policiales y de seguridad del país.
Además, el nombre de Cabello ya aparece en investigaciones judiciales de Estados Unidos. El Departamento de Estado estadounidense informó en 2025 que el funcionario fue acusado en una investigación federal relacionada con una presunta conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y elevó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. Esas acusaciones corresponden a la posición de las autoridades estadounidenses y no equivalen a una condena judicial.
En enero de 2026, una acusación federal estadounidense también describió presuntas conexiones entre estructuras del poder venezolano y organizaciones armadas y narcotraficantes, incluyendo al ELN. En ese expediente fueron mencionados varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos Cabello.
La investigación periodística conocida esta semana plantea además interrogantes sobre cuánto conocimiento habrían tenido autoridades colombianas de administraciones anteriores frente a la presunta presencia del ELN en Venezuela. Casto Ocando afirmó que el gobierno de Gustavo Petro habría conocido estos supuestos vínculos, aunque se trata de una afirmación del periodista que no aparece, en las fuentes consultadas, acompañada de una determinación judicial que la establezca como un hecho probado.
Por ahora, Cabello no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos específicos relacionados con Silvana Guerrero. La información conocida combina documentos, investigaciones periodísticas y acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, por lo que cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante las correspondientes investigaciones y decisiones judiciales.
Lo que sí vuelve a quedar sobre la mesa es la dimensión transfronteriza de las actividades atribuidas al ELN y las denuncias sobre su posible permanencia en territorio venezolano, un asunto que involucra directamente la seguridad de la frontera entre Colombia y Venezuela.
