El Ministerio de Educación Nacional (MEN), encabezado por la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un informe de empalme que resume en diez «fracturas» la situación financiera y operativa en la que recibió el sector. Entre los hallazgos más graves destaca un faltante de $4,50 billones para la salud de los maestros y compromisos por $13,1 billones en vigencias futuras sin respaldo fiscal ni contratación.
Principales hallazgos del diagnóstico:
Déficit en el Fomag: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presenta necesidades proyectadas por $8,44 billones, mientras que los recursos disponibles alcanzan los $3,94 billones para atender a 837.275 docentes, pensionados y sus familias. A julio de 2026, la Superintendencia de Salud emitió 38 hallazgos y se acumularon 97.105 tutelas por fallas en la atención.
Vigencias futuras desfinanciadas: El informe señala que el Conpes 4181 de 2026 dejó compromisos en infraestructura por $13,1 billones «sin respaldo fiscal asegurado y sin contratar».
Crisis en el Icetex y educación superior: La entidad de créditos educativos requiere $1,99 billones para financiar la operación del 2027, pero solo cuenta con $467.621 millones asignados. Además, la gratuidad en la matrícula universitaria arrastra un faltante de $245.797 millones para el cierre de 2026 —de los cuales el nuevo Gobierno afirma haber asegurado $185.000 millones—, sumado a 890.000 millones en riesgo de infraestructura y 114 proyectos con retrasos de contratación.
Caída en la matrícula y cobertura: A mayo de 2026 se registraron 421.142 estudiantes menos en comparación con 2025. En 2025, un total de 1.587.248 niños y jóvenes entre 5 y 16 años (el 16,2% de esa población) se encontraban fuera del sistema escolar, ensanchando la brecha de cobertura neta entre zonas urbanas y rurales.
Incumplimiento de metas: El gobierno anterior dejó 17 de los 23 indicadores del sector por debajo de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, destacándose un bajo porcentaje de alfabetización y retrasos en la entrega de infraestructura educativa.
Como respuesta a este panorama, el Ministerio anunció la implementación de un proyecto de transparencia educativa para fiscalizar la contratación, mesas técnicas de trabajo con el Congreso y el lanzamiento del Proyecto LEA («Leer, Escribir y Amar») enfocado en la formación integral.
