Carlos Ríos, director del Dapre y comisionado de Paz encargado, acudió a la Fiscalía por posibles inconsistencias en la ejecución y facturación de un contrato para promover el Acuerdo de Paz mediante caricaturas. La denuncia se conoce días después de la polémica por los insultos del caricaturista contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.
El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para desarrollar actividades de pedagogía y socialización del Acuerdo de Paz a través de caricaturas.
La denuncia fue presentada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y comisionado de Paz encargado. Según la información divulgada por El Colombiano, el contrato tenía un valor inicial de $257.040.000 y fue financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El caso busca establecer si las actividades contratadas se ejecutaron conforme a las obligaciones pactadas y si existen inconsistencias en los soportes presentados para justificar los pagos.
Las dudas sobre los pagos y los informes de ejecución
El contrato contemplaba inicialmente pagos mensuales de $21.420.000, incluido el IVA. Posteriormente, según la documentación citada en la denuncia, las partes modificaron el acuerdo para reducir su valor a $216 millones, con mensualidades de $18 millones.
Entre las obligaciones de González estaban la realización de talleres en municipios vinculados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). También debía acompañar actividades de pedagogía de paz y participar en exhibiciones públicas de las caricaturas.
Las presuntas irregularidades habrían surgido durante una revisión de los informes correspondientes a doce periodos contractuales. La denuncia señala posibles diferencias entre las fechas de facturación, los cobros y los documentos aportados como evidencia de las actividades realizadas.
La Fiscalía deberá establecer si esas diferencias corresponden a errores administrativos, incumplimientos contractuales o conductas que puedan tener relevancia penal.
Cinco posibles delitos mencionados en la denuncia
La denuncia incluye posibles delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La inclusión de estas conductas en una denuncia no significa que hayan sido probadas ni que exista una decisión judicial contra el caricaturista. Corresponde a la Fiscalía verificar los hechos, recaudar pruebas y determinar si hay fundamento para avanzar en una investigación penal.
El caso también vuelve a poner bajo escrutinio los contratos estatales destinados a actividades de comunicación y pedagogía. Para establecer si hubo un perjuicio a los recursos públicos, será necesario contrastar las obligaciones pactadas con los productos entregados, los informes de supervisión y los pagos efectuados.
Los otros contratos y la relación con el Gobierno Petro
De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, González también habría tenido otros vínculos contractuales durante el gobierno de Gustavo Petro, entre ellos acuerdos para prestar asesorías en contenidos creativos, con pagos mensuales reportados de $16 millones.
Uno de esos contratos se habría tramitado a través de la cooperativa Saavi, que recibió contratos para servicios audiovisuales con el sistema de medios públicos RTVC. Esos negocios fueron objeto de cuestionamientos públicos, entre otros, por parte de Daniel Briceño, entonces representante del Centro Democrático, según el reporte periodístico.
La existencia de esos contratos no demuestra por sí misma una irregularidad. Cualquier posible responsabilidad dependerá de las condiciones de cada acuerdo, los servicios prestados y los hallazgos que puedan establecer las autoridades competentes.
La denuncia llega tras la polémica por los mensajes contra la primera dama
La acción judicial contra Matador se conoce en la misma semana en que la Fiscalía abrió una indagación preliminar por las publicaciones que dirigió contra Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella.
El 11 de octubre, González publicó en su cuenta de X una fotografía de la primera dama acompañada de un mensaje insultante en el que cuestionó la entrega de ayudas a los damnificados por el terremoto en Pereira.
El caricaturista sostuvo que sus críticas estaban relacionadas con la atención a las personas afectadas por la emergencia. La Fiscalía deberá determinar si las expresiones publicadas podrían configurar el delito de injuria agravada.
Por su parte, la firma De La Espriella Lawyers anunció acciones legales por esos mensajes.
Se trata de dos asuntos distintos: uno relacionado con la ejecución de un contrato financiado con recursos públicos y otro con las publicaciones dirigidas contra la primera dama. Cada caso deberá avanzar de acuerdo con sus propias pruebas y procedimientos.
Por ahora, la denuncia sobre el contrato de pedagogía de paz abre interrogantes sobre la ejecución de los recursos y los soportes de las actividades reportadas. La respuesta de Matador y las conclusiones de la Fiscalía serán determinantes para conocer el alcance real de los señalamientos.
