El concejal de Bogotá Julián Uscátegui presentó ante el Consejo de Estado una demanda con la que pretende que sea declarado nulo el Decreto 799 de 2025, expedido durante el anterior Gobierno y relacionado con las reglas para el reparto de acciones de tutela contra actuaciones u omisiones del presidente de la República.
El dirigente político cuestionó que decisiones del Gobierno nacional, particularmente aquellas relacionadas con asuntos sensibles como seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, puedan terminar siendo revisadas en primera instancia por jueces de circuito de diferentes regiones del país.
De acuerdo con Uscátegui, el decreto modificó las reglas de reparto y permitió que las tutelas contra actuaciones presidenciales fueran conocidas por jueces locales, en lugar de que determinadas controversias de alcance nacional fueran tramitadas inicialmente ante el Consejo de Estado.
Alerta por decisiones judiciales contradictorias
Uno de los principales argumentos planteados por el concejal es que esta distribución territorial podría generar que una misma decisión adoptada por el Gobierno nacional sea analizada simultáneamente por diferentes despachos judiciales.
En ese escenario, según Uscátegui, podrían producirse fallos diferentes o incluso contradictorios frente a una misma actuación estatal, dependiendo del lugar donde sea presentada la tutela.
La preocupación adquiere especial relevancia cuando las acciones judiciales están relacionadas con operaciones de la Fuerza Pública, bombardeos contra estructuras armadas ilegales u otras determinaciones que trascienden el ámbito de una región específica.
“No podemos permitir que una misma actuación del Gobierno nacional tenga consecuencias judiciales diferentes simplemente por el lugar donde se presenta una tutela”, sostuvo Uscátegui.
El concejal agregó que la administración de justicia debe garantizar igualdad, seguridad jurídica y coherencia, especialmente cuando se trata de decisiones que tienen alcance nacional.
La controversia llega al Consejo de Estado
Con la demanda, Uscátegui busca que el alto tribunal administrativo estudie la legalidad del Decreto 799 de 2025 y determine si las modificaciones introducidas a las reglas de reparto de las tutelas se ajustan al ordenamiento jurídico.
El caso abre nuevamente el debate sobre hasta dónde puede llegar un juez local al revisar decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, particularmente en asuntos relacionados con la seguridad y las operaciones militares.
La discusión también cobra relevancia en medio del nuevo escenario político del país, pues el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha planteado modificaciones al sistema para que las tutelas dirigidas contra el presidente vuelvan a ser conocidas por el Consejo de Estado en determinados casos.
Por ahora, será el Consejo de Estado el encargado de estudiar los argumentos de la demanda y determinar el futuro jurídico del decreto cuestionado.
