El presidente Abelardo De La Espriella anunció que ordenó reforzar los controles internos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de conocerse la captura de cuatro funcionarios de esa entidad en Ipiales, Nariño, señalados de participar en una presunta estructura criminal dedicada al lavado de activos.
«¡Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian! ¡No habrá intocables!», escribió el mandatario en su cuenta de X, donde también aseguró que el Gobierno colaborará con la justicia para esclarecer los hechos.
De acuerdo con la investigación, la red habría utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador para justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.
La Fiscalía identificó 633 operaciones de exportación que figuraban en los documentos aduaneros, pero cuyos cargamentos no tenían registros de ingreso al país vecino. Los investigadores establecieron que los funcionarios presuntamente certificaban de manera irregular la salida de esas mercancías.
Siete personas fueron capturadas
En total, fueron detenidas siete personas: cuatro funcionarios de la Dian y tres representantes legales de comercializadoras internacionales.
Según la Fiscalía, el dinero habría llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú y posteriormente ingresado a Colombia bajo la figura de reintegros por las supuestas exportaciones.
Los capturados serán procesados por posibles delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con la responsabilidad individual que se les atribuya.
De La Espriella afirmó que impartió instrucciones para fortalecer los mecanismos de vigilancia y facilitar las actuaciones judiciales. «El que utilice el Estado para favorecer a los criminales tendrá que responder ante la justicia», manifestó.
La investigación también fue remitida a una dependencia especializada para evaluar las actuaciones relacionadas con los bienes y activos que habrían sido utilizados en las operaciones.
Las responsabilidades penales deberán establecerse durante el proceso judicial.
