El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha una revisión de las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad que permanecen en instalaciones de la Policía o guarniciones militares, con el propósito de determinar si cumplen los requisitos legales para continuar allí.
La estrategia ya produjo varios movimientos durante el fin de semana, entre ellos el traslado de 120 internos de Buenaventura hacia establecimientos de máxima seguridad, según informó el Gobierno. La medida hace parte de una política que busca reducir los privilegios y controlar las actividades de personas que, pese a estar privadas de la libertad, son señaladas de continuar ejerciendo influencia sobre estructuras criminales.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca condenado a 21 años y siete meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.
Abadía permanecía recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Cali, antes de ser trasladado a la cárcel de Villahermosa durante la noche del sábado 19 de septiembre.
El propio presidente confirmó la decisión y aseguró que había ordenado personalmente el traslado, argumentando que Abadía, pese a estar condenado, habría continuado participando en política y teniendo incidencia en funcionarios y contratos. Esas afirmaciones corresponden a la versión entregada públicamente por el mandatario.
Durante el procedimiento, el exgobernador fue llevado inicialmente a un centro asistencial después de presentar una descompensación. De La Espriella afirmó posteriormente que se trató de un episodio simulado para evitar el traslado, una afirmación que ha sido reportada como señalamiento del presidente y que no debe confundirse con un diagnóstico médico independiente.
Finalmente, Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde continuará cumpliendo su condena.
Nuevos pabellones y posible ampliación del sistema penitenciario
El ministro de Justicia, Iván Cancino, también anunció nuevas medidas para fortalecer el sistema penitenciario. Entre ellas se encuentra el diseño de pabellones especiales destinados a aislar a internos considerados de alta peligrosidad.
Según la información divulgada por Semana, un plan piloto se desarrolla en la cárcel de Girón, Santander, mientras el Gobierno analiza conversaciones con el sector privado para impulsar la construcción de al menos diez megacárceles. También se estudia la posibilidad de habilitar un buque cárcel, aunque esta propuesta todavía se encuentra en etapa de análisis.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan impedir que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades delictivas desde los establecimientos donde cumplen sus condenas.
La revisión de las condiciones de reclusión marca así uno de los primeros movimientos de la administración De La Espriella en materia penitenciaria, con énfasis en los traslados, el control interno y la reducción de condiciones especiales de reclusión cuando no estén respaldadas por los requisitos legales.
