El mandatario señaló presuntas irregularidades en negocios jurídicos de la Unidad para las Víctimas y anunció una reducción de 981 contratos de prestación de servicios.
El presidente Abelardo De La Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar posibles hechos de corrupción en la Unidad para las Víctimas.
Durante un pronunciamiento en Medellín, el mandatario criticó los recursos destinados a la JEP y cuestionó los resultados de esa inversión frente a las necesidades de reparación de quienes sufrieron los efectos del conflicto armado.
Uno de los puntos centrales de su denuncia fueron los contratos suscritos con la entidad Edurret, posteriormente denominada Al Desarrollo.
Según las cifras expuestas por De La Espriella, la contratación con esa entidad pasó de $674 millones en 2020 a más de $130.347 millones en 2026.
También aseguró que entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 la Unidad para las Víctimas y el Fondo para la Reparación comprometieron más de $174.000 millones mediante cinco negocios jurídicos.
El presidente cuestionó el destino de esos recursos y afirmó que podrían haberse utilizado para atender las necesidades de millones de víctimas que todavía esperan reparación económica.
“Con esa plata hubiésemos reparado a 8 millones de víctimas que hacen falta”, manifestó.
Cuestionamientos por los bienes de las antiguas Farc
De La Espriella también se refirió a los compromisos pendientes relacionados con la entrega de bienes de las antiguas Farc para reparar a las víctimas.
En su intervención mencionó los señalamientos de la Contraloría General de la República sobre incumplimientos en la entrega de activos y deficiencias en su recuperación y administración.
El mandatario aseguró que su Gobierno utilizará los mecanismos legales para perseguir los bienes de los responsables de hechos violentos y destinarlos a la reparación de las personas afectadas.
Reducción de contratos en la Unidad para las Víctimas
Otro de los anuncios estuvo relacionado con la disminución de contratos de prestación de servicios en la entidad.
Según De La Espriella, fueron eliminados 981 contratos, lo que representa un ahorro mensual de $4.679 millones.
El presidente sostuvo que la reducción de gastos administrativos permitirá destinar más recursos a la atención de las víctimas y aseguró que las indemnizaciones continuarán.
Por ahora, los señalamientos sobre posibles irregularidades contractuales deberán ser objeto de verificación por parte de los organismos competentes. La solicitud de investigación no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad de las entidades o personas mencionadas.










