El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, mediante el cual se modificó la fórmula para calcular el deslizamiento del salario mínimo y se redistribuyeron los costos asociados a la financiación de algunas pensiones. Con esta decisión, mientras avanza el proceso judicial, vuelven a aplicarse temporalmente las reglas establecidas en el Decreto 036 de 2015.
La determinación se produjo tras estudiar los recursos presentados por Asofondos, Fasecolda y ASULADO Seguros de Vida, que cuestionaron los efectos financieros de la nueva metodología. Uno de los argumentos centrales fue que el cambio elevó el indicador de aproximadamente 0,39 % a 1,99 %, aumentando el capital necesario para financiar rentas vitalicias y trasladando una mayor proporción del riesgo económico a las aseguradoras y los afiliados. El alto tribunal también encontró un posible incumplimiento del trámite de consulta ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), requisito relacionado con la protección de la libre competencia.
Por ahora, la suspensión no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto ni sobre sus efectos en la sostenibilidad del sistema pensional. El Consejo de Estado deberá resolver esos asuntos en la sentencia de fondo, mientras permanece vigente la metodología anterior. La medida cautelar se fundamenta en la posible irregularidad durante la expedición de la norma, cuyo impacto también había generado preocupación por las condiciones de acceso a algunas modalidades de pensión.









