La actuación de alias ‘Rojo’, también conocido como ‘21’, quedó bajo cuestionamiento después de que una investigación periodística revelara que el agente encubierto habría tenido un papel activo en la organización de hechos violentos en universidades públicas de Bogotá.
El caso reabrió el debate sobre los límites de las operaciones de infiltración y la legalidad de las pruebas que permitieron capturar a once jóvenes señalados de integrar el grupo PPP, relacionado con la antigua Primera Línea.
La versión institucional que se conoció tras las capturas, en diciembre de 2025, presentó al infiltrado como una pieza clave para identificar a los presuntos responsables y documentar sus actividades.
Según las autoridades, su trabajo permitió recopilar información durante más de un año sobre ataques contra la Fuerza Pública, buses del sistema de transporte y bienes públicos.










