El presidente Abelardo De la Espriella anunció que presentará ante el Congreso de la República un estatuto antiterrorista con nuevas medidas para combatir las organizaciones criminales, bloquear sus fuentes de financiación y endurecer las sanciones por ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
El mandatario hizo el anuncio durante una alocución el lunes 12 de octubre, en la que sostuvo que las herramientas jurídicas disponibles resultan insuficientes frente a las amenazas que representan estructuras vinculadas al terrorismo y a economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.
Entre los principales componentes de la propuesta figura la creación de un registro de organizaciones terroristas. La iniciativa también contempla el congelamiento de bienes asociados a estas estructuras y la prohibición de que puedan celebrar contratos con el Estado, medidas que buscarían limitar su capacidad financiera y operativa.
Drones y ataques contra la Fuerza Pública, bajo nuevas sanciones
El proyecto incluiría castigos específicos para quienes utilicen drones en ataques contra civiles o integrantes de la Fuerza Pública. También establecería sanciones por actos de asonada contra uniformados, según lo anunciado por el presidente.
Otro componente de la iniciativa contempla beneficios penales para personas que suministren información efectiva antes de la formulación de la acusación. El propósito, de acuerdo con lo expuesto, sería incentivar la colaboración con las autoridades para identificar integrantes, esclarecer delitos y desarticular las estructuras criminales.
La aplicación de estas medidas dependerá del contenido definitivo del proyecto y de las condiciones que establezca la ley para acceder a los beneficios, imponer sanciones y afectar los bienes vinculados a las organizaciones investigadas.
El Congreso tendrá la última palabra
De la Espriella reconoció que la propuesta deberá cumplir el trámite legislativo correspondiente y someterse al debate parlamentario antes de convertirse en ley. El Ministerio del Interior será el encargado de llevar el proyecto ante el Congreso.
“Lo que hoy tenemos a la mano queda corto; por lo tanto, necesitamos una vacuna, y esa vacuna es el estatuto antiterrorista”, afirmó el mandatario al defender la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a estas amenazas.
La discusión legislativa será determinante para establecer el alcance de las nuevas facultades, las garantías para las personas investigadas y los mecanismos de control sobre las decisiones que adopten las autoridades. También deberá precisar cómo se identificarán las organizaciones incluidas en el registro y qué procedimientos se aplicarán para congelar sus activos o restringir su contratación con el Estado.
Por ahora, se trata de una iniciativa anunciada por el Gobierno, no de una norma vigente. Su contenido definitivo y las modificaciones que pueda recibir dependerán de la presentación formal del proyecto y de las deliberaciones en el Congreso.
