En un nuevo frente de revisión institucional sobre el paquete de reformas promovido durante el gobierno de Gustavo Petro, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, solicitó formalmente a la Corte Constitucional evaluar la incidencia de las actuaciones del expresidente del Senado, Iván Name, en el trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional). La petición se produce tras la reciente providencia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura (“muerte política”) de Name, quien se encuentra privado de la libertad por su presunta vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Revisión de vicios legislativos, citación al Congreso y ajustes al sistema
Solicitud de revisión ante la Corte Constitucional: El representante Simón Molina envió un documento de 12 páginas al alto tribunal solicitando determinar si la conducta de Name —quien cedió o no dirigió integralmente la conducción de la plenaria en 14 de 16 sesiones clave— generó vicios en la formación de la voluntad legislativa o afectó las garantías de publicidad, quórum y votación durante el trámite de la norma en el Senado.
Vínculo procesal con el caso UNGRD: El requerimiento pide a la magistratura evaluar si la aprobación de la reforma pensional en 2024 estuvo viciada por las maniobras ilegales e ilícitos investigados en la UNGRD, escenario en el que se habrían destinado millonarios recursos públicos a manera de coimas para direccionar la agenda legislativa del gobierno anterior.
Revisión obligatoria de nueve artículos en la Cámara: La controversia coincide con el mandato de la Corte Constitucional que ordenó subsanar en la plenaria de la Cámara de Representantes, en un plazo máximo de un mes, los vicios de trámite detectados en nueve artículos de la Ley 2381 antes de considerar su eventual entrada en vigencia.
Propuestas de modificación al esquema pensional: En el marco de este retorno del texto al recinto de la Cámara, diversos sectores parlamentarios ya adelantan propuestas para reestructurar de fondo la iniciativa heredada de la anterior administración, buscando corregir sus falencias estructurales e imprecisiones procedimentales.
La acción del vicepresidente de la Cámara busca garantizar que la producción legislativa del país esté desprovista de cualquier sombra de corrupción o vicio de trámite, asegurando que las decisiones sobre el sistema de protección a la vejez respondan a la legalidad y a la rigurosidad institucional.
