Cuatro hombres fueron judicializados como presuntos responsables de violencia sexual contra niñas indígenas de entre 12 y 15 años, en hechos que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían ocurrido durante varios años en dos resguardos indígenas de Puerto Concordia, Meta.
La investigación permitió identificar hasta el momento a cuatro posibles víctimas, aunque las autoridades adelantan labores para establecer si existen más menores afectadas.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados se habrían presentado entre 2019 y 2026 en los resguardos Cañuela Sal y Luna Roja. Los procesados presuntamente habrían utilizado diferentes mecanismos para acercarse a las menores y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad.
Entre las estrategias investigadas se encuentran supuestos ofrecimientos de dulces, bebidas, alimentos y alojamiento. Posteriormente, según el ente acusador, algunas de las menores habrían sido inducidas al consumo o inhalación de sustancias tóxicas, situación que presuntamente habría sido aprovechada para cometer las agresiones.
La Fiscalía señaló que, hasta ahora, cuatro víctimas habrían sido inducidas a inhalar pegante suministrado en botellas.
Uno de los casos expuestos durante las audiencias corresponde a un hecho ocurrido presuntamente el 19 de enero de 2026. Según la Fiscalía, uno de los procesados habría ofrecido a una menor de 14 años una sustancia contenida en una botella de gaseosa a cambio de un acto sexual.
Los cuatro hombres fueron imputados por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir. Ninguno aceptó los cargos.
Durante los allanamientos realizados como parte de la investigación, las autoridades también encontraron a dos menores indígenas, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se verifica su situación y una eventual relación con los hechos investigados.
Los cuatro procesados mantienen su presunción de inocencia y será la justicia la encargada de establecer si tienen responsabilidad penal por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
