El pronunciamiento aparece en el auto mediante el cual la Sala de Instrucción de la Corte decidió abrir una investigación formal y citar a indagatoria a Zuleta, dentro del proceso relacionado con el procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en el pabellón de extraditables del centro penitenciario.
El documento, conocido por SEMANA y elaborado por el magistrado Francisco Farfán, con el respaldo de los demás integrantes de la Sala de Instrucción, plantea un interrogante central: ¿hasta dónde podía llegar una representante de las mesas de paz cuando una diligencia reservada de carácter penal involucraba a uno de los interlocutores de esos procesos?
La Corte concluyó preliminarmente que las funciones asignadas a Zuleta como coordinadora de las mesas de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y organizaciones criminales de Antioquia no le otorgaban facultades para intervenir directamente en actuaciones propias de una investigación penal.
Según el alto tribunal, su labor de interlocución política no la habilitaba para participar en procedimientos metodológicos, conocer anticipadamente órdenes de allanamiento y registro, integrar equipos de policía judicial, acompañar operativos reservados o supervisar la incautación de elementos materiales probatorios.
El caso que llevó a la Corte a investigar a Zuleta
La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por la exconcejal de Medellín Claudia Carrasquilla, actualmente vinculada al Gobierno de Abelardo De La Espriella como viceministra de Defensa.
Los hechos se remontan al 10 de julio de 2025, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en La Picota, específicamente en el pabellón donde se encontraba Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.
Durante el procedimiento, el integrante de una estructura criminal habría entregado un arma de fuego que, según la información incorporada al caso, presuntamente estaría destinada a ser utilizada contra Giobanny Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera y quien había sido capturado en el marco de una negociación de paz.
El punto que ahora analiza la Corte es la participación de Zuleta en ese procedimiento y el alcance que tenía su presencia dentro de una diligencia que, por su naturaleza, debía mantenerse bajo reserva.
La Corte cuestiona que una diligencia judicial se convirtiera en escenario político
Uno de los apartes más contundentes del auto establece que las funciones relacionadas con la paz no podían convertirse en una autorización general para participar en procedimientos judiciales.
La Sala señaló que una diligencia de allanamiento y registro “no es una actuación pública, ni puede convertirse en un escenario de acompañamiento político por la sola invocación de una función de paz”.
Para los magistrados, la función de Zuleta podía comprender la interlocución con las organizaciones y la transmisión de información relevante a las autoridades, pero no la planificación ni la ejecución de una operación judicial reservada.
En ese sentido, la Corte consideró que, desde una perspectiva jurídicamente admisible, su actuación debió limitarse a informar a las autoridades sobre la intención de entregar el arma y apartarse de la planificación y ejecución del procedimiento.
La decisión también aclara que el hecho de que la Fiscalía estuviera a cargo del operativo no necesariamente solucionaba el problema.
Según la Corte, la autorización del fiscal o del funcionario de policía judicial encargado del procedimiento no significa que exista una facultad ilimitada para incorporar a terceros a una diligencia reservada.
¿Quién permitió que la senadora estuviera en el operativo?
El auto abre además otro frente de investigación.
La Corte Suprema anunció que también analizará la posible responsabilidad de la persona que habría informado a la senadora sobre el operativo y permitido su ingreso a la diligencia.
Este punto podría resultar determinante para establecer cómo se produjo la presencia de Zuleta en La Picota y si existió algún tipo de autorización irregular o vulneración de la reserva que debía rodear el procedimiento.
De esta manera, la investigación ya no se concentra exclusivamente en la conducta de la congresista, sino que busca determinar quién facilitó las condiciones para que participara en una actuación judicial que, según la Corte, no podía convertirse en un espacio de acompañamiento político.
El arma y el supuesto propósito del operativo
La relevancia del procedimiento también está relacionada con el arma entregada por ‘Pipe Tuluá’.
Según la información analizada por las autoridades, el arma habría estado destinada a un posible atentado contra alias ‘Araña’, quien había sido capturado en medio de un proceso relacionado con negociaciones de paz.
La entrega del arma, por sí misma, no podía modificar la naturaleza jurídica del procedimiento, advirtió la Corte.
Es decir, aunque posteriormente la senadora pudiera haber utilizado públicamente el episodio para mostrar una supuesta voluntad de paz de ‘Pipe Tuluá’, esa circunstancia no transformaba la diligencia judicial ni eliminaba las reglas que debían regir la incautación.
Un proceso que ahora entra en una etapa decisiva
Con el llamado a indagatoria, Isabel Zuleta deberá responder ante la Corte Suprema por los hechos que son objeto de investigación. Esto no equivale a una condena ni determina anticipadamente su responsabilidad penal.
Sin embargo, la decisión sí marca un punto de inflexión, porque el alto tribunal considera que existen elementos suficientes para examinar formalmente si la congresista pudo incurrir en una conducta penal relacionada con el ejercicio de una función que, según la propia Corte, habría excedido las competencias que tenía asignadas.
Uno de los delitos que aparece bajo análisis es el de abuso de función pública.
El caso deja además varios interrogantes abiertos: ¿quién le informó a Zuleta sobre el allanamiento?, ¿quién autorizó su presencia?, ¿por qué una representante de las mesas de paz terminó acompañando una diligencia judicial reservada?, ¿hasta qué punto conocía previamente los detalles del operativo y qué papel cumplió durante la incautación del arma?
Esas son algunas de las preguntas que deberá resolver la investigación de la Corte Suprema mientras avanza el proceso contra la senadora del Pacto Histórico.
