La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes 27 de junio a favor de la administración Trump, al autorizar parcialmente la implementación de la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por nacimiento. El fallo, con una votación de 6-3, representa un giro histórico en el debate sobre la interpretación de la Enmienda XIV de la Constitución.
Aunque la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, sí limitó la capacidad de los jueces federales para bloquear su aplicación a nivel nacional, cuestionando el uso de injunciones universales. Con esto, ordenó a tribunales de Maryland, Massachusetts y Washington reducir el alcance de sus medidas cautelares, permitiendo que la norma entre en vigor dentro de 30 días en los estados donde no haya demandas activas.
La jueza Amy Coney Barrett, autora del fallo, argumentó que “la judicatura no tiene autoridad ilimitada” y que los jueces deben limitar sus órdenes a las partes implicadas en cada caso. La decisión restringe el alcance del poder judicial en lo que respecta a detener políticas federales de forma generalizada.
En disidencia, las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron duramente la decisión, advirtiendo sobre el impacto directo en millones de familias y acusando a la Corte de “jugar con las vidas” de los recién nacidos en EE.UU.
La orden ejecutiva n.º 14160, firmada el 20 de enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visas temporales, nacidos en territorio estadounidense. La medida fue previamente bloqueada por varias cortes, pero con este fallo, la administración Trump puede avanzar en su implementación de manera limitada.
El caso, Trump v. CASA, Inc., consolida varias demandas que impugnaban el uso de medidas cautelares nacionales por parte de tribunales inferiores. Ahora, el debate de fondo sobre el alcance del poder ejecutivo para redefinir la ciudadanía bajo la Enmienda XIV sigue su curso en los tribunales federales.
