El Instituto Anticorrupción y el Extituto de Política Abierta y Pares Colombia radicaron una queja disciplinaria contra Margarita Cabello ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidieron destituir a la Procuradora por suspender del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La razón de los institutos judiciales es que la funcionaria, presuntamente, vulneró la Convención Americana de Derechos Humanos, luego de suspender provisionalmente por tres meses al alcalde de Medellín.
La queja disciplinaría también mencionó que, Margarita Cabello posiblemente comprometió en un hecho ilícito internacional al Estado de Colombia al vulnerar el artículo 23 de la Convención, que precisa que, los funcionarios elegidos popularmente solo pueden ser destituidos por un juez penal.
“A juicio de la Corte, esas normas del ordenamiento interno colombiano permiten una interpretación acorde con la Convención en el sentido de que, tratándose de servidores públicos de elección popular, la competencia de la Procuraduría no puede ir más allá de la vigilancia y, por tanto, la restricción de derechos políticos para esta clase de servidores solo puede ocurrir por condena, impuesta por juez competente, en proceso penal”, señaló la queja.
También indicaron que el fallo dejó intactas todas esas competencias de la Procuraduría General de la Nación de naturaleza sancionatoria respecto de todos los demás servidores públicos, es decir, aquellos que no son democráticamente elegidos.
