Así se conoció esta mañana tras el marco del estado de cosas inconstitucional, donde se declaró la Corte Constitucional en 2017 por la grave situación que atraviesan los niños de la etnia indígena Wayúu del departamento de La Guajira, por lo que el alto tribunal emitió una serie de órdenes al Gobierno nacional.
Como consecuencia de todo esto, tanto la Consejería para las Regiones, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, tendrán que enviar los “datos y documentos con los que se permitan corroborar de manera efectiva, cómo va el avance reportado en la disminución de casos notificados de fallecimientos por y asociadas a la desnutrición.
Así las cosas, deberán informar qué medidas preventivas han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de los niños Wayúu por causas asociadas a la desnutrición.
Informar en qué se han invertido 1.6 billones de pesos y qué acciones se han cumplido. E indicar, entre otros aspectos, cómo se garantizará la continuidad y suficiencia en el acceso, disponibilidad y calidad del agua para la comunidad Wayúu.
