La Corte Constitucional declaró ajustado a la Carta Política el decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró la emergencia económica para hacer frente a los graves daños causados por el sismo del pasado 10 de agosto. El alto tribunal determinó que la gravedad del evento natural y sus repercusiones en la infraestructura y la población justifican el empleo de facultades excepcionales; sin embargo, delimitó el alcance del presupuesto y de las medidas administrativas dictadas al amparo de esta declaratoria.
La corporación judicial enfatizó en su pronunciamiento que las partidas presupuestales y los mecanismos extraordinarios aprobados deberán destinarse exclusivamente a la atención de la coyuntura y la reconstrucción de las zonas afectadas. En tal sentido, el fallo estableció explícitamente que los recursos asignados no podrán ser utilizados por el Ejecutivo para financiar programas ni resolver contingencias financieras o estructurales anteriores a la tragedia.
