La Corte Constitucional abrió un incidente de impacto fiscal relacionado con la reforma pensional, luego de una solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda.
La decisión le concede al ministro de esa cartera un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, para sustentar los argumentos económicos y fiscales que respaldan la petición.
Según la información divulgada este miércoles 14 de octubre de 2026, si el Gobierno no presenta la sustentación dentro del término establecido, el incidente será declarado desierto.
La apertura de este trámite no implica, por sí sola, que la reforma pensional quede suspendida ni que la Corte haya tomado una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. El procedimiento busca que se expongan y evalúen las posibles consecuencias fiscales de las decisiones judiciales relacionadas con la norma.
El trámite se conoce después de que la Corte se pronunciara sobre la Ley 2381 de 2024. En la Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026, el alto tribunal declaró constitucionales varios artículos frente a los vicios de procedimiento examinados, pero ordenó devolver disposiciones específicas al Congreso para subsanar irregularidades. También estableció el 1 de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las normas aprobadas que conforman la mayor parte del nuevo sistema pensional.
El incidente de impacto fiscal es un mecanismo que permite al Gobierno exponer ante la Corte las consecuencias económicas de una decisión judicial y solicitar que sean consideradas en el marco constitucional. Su apertura no revoca automáticamente el fallo ni supone que el tribunal haya aceptado los argumentos del Ministerio de Hacienda.
