La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la crítica situación financiera de las universidades públicas más representativas del país, advirtiendo que se requieren medidas urgentes para garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo.
En un reciente informe, el ente de control fiscal reveló que instituciones como la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander acumulan, a diciembre de 2024, un pasivo pensional conjunto que supera los $8,3 billones, siendo la Universidad Nacional la más afectada, con $4,5 billones.
“La Contraloría advierte sobre situaciones preocupantes que deben ser atendidas para garantizar la sostenibilidad de la educación superior y evitar contratiempos en la prestación de este importante servicio público”, señaló el organismo en un comunicado oficial.
Aumento de costos sin respaldo presupuestal
Uno de los principales factores que inciden en esta situación es el impacto del régimen salarial y prestacional de los docentes (Decreto 1279 de 2002), que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica. Según el informe, estos puntos han aumentado en valor sin que existan asignaciones presupuestales proporcionales para cubrirlos.
Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, el valor de los puntos salariales aumentó en un 76% entre 2017 y 2024, sin que el presupuesto nacional haya reflejado este crecimiento. Además, la Contraloría evidenció que algunas universidades hacen proyecciones financieras con bases de datos desactualizadas, de hasta una década de antigüedad.
Otros factores críticos
El informe también destaca otros aspectos que agravan la situación financiera del sistema de educación superior pública:
Retrasos en los giros de recursos por matrícula gratuita, debido a requisitos de validación del Ministerio de Educación antes de desembolsar el 100% de los fondos, lo que ha afectado el flujo de caja de las instituciones.
Formalización laboral, establecida en el Decreto 391 de 2025, que generaría un impacto presupuestal adicional estimado en $2,9 billones, sin una fuente clara de financiación.
Asignación de recursos con destinación específica, que limita la flexibilidad presupuestal de las universidades para atender sus necesidades operativas más urgentes.
La Contraloría concluye que si no se toman medidas estructurales y sostenidas en el tiempo, la sostenibilidad de las universidades públicas estará en riesgo, comprometiendo el acceso y la calidad de la educación superior en Colombia.
