La Contraloría General de la República advirtió sobre la persistencia de aguas estancadas en varias zonas inundadas de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, tras su visita técnica a las localidades afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas.
El ente de control señaló que el agua acumulada podría requerir bombeo mecánico para evitar mayores daños a la infraestructura, riesgos sanitarios y afectaciones a los cultivos. Además, expresó su preocupación por la posible eliminación de diques y compuertas sin estudios hidráulicos previos ni autorizaciones ambientales, lo que podría agravar la emergencia y afectar el patrimonio público.
La magnitud de la crisis es considerable: 81.114 familias (225.675 personas) afectadas en 25 municipios; 150.500 hectáreas de cultivos inundadas; 65 acueductos, 16 centros de salud, 464 colegios y casi 2.000 kilómetros de vías con daños; además de 124 puentes vehiculares y un peatonal afectados.
La Contraloría instó al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a agilizar la entrega de ayudas y garantizar una atención eficiente, al tiempo que exhortó a los entes territoriales a actualizar rigurosamente el Registro Único de Damnificados (RUD) y coordinar con la ciudadanía medidas de prevención y mitigación.
Según el reporte oficial, el RUD ya alcanza el 95 % del estimativo de personas afectadas.
