La Contraloría General de la República (CGR) emitió un pronunciamiento sobre el hundimiento de la reforma tributaria, conocida como la ley de financiamiento, que buscaba recaudar $9,8 billones para financiar el presupuesto del próximo año. El organismo de control subrayó que, tras este revés, el Gobierno deberá redoblar esfuerzos en 2025 para garantizar la utilización eficiente de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales que se avecinan.
En su análisis, la Contraloría también informó que este año el recaudo total neto se redujo en $369,74 billones, lo que representa una caída del 0,3% con respecto al mismo periodo de 2023. Este descenso en los ingresos fiscales se da en un contexto de ejecución presupuestal insuficiente.
Particularmente, la Contraloría expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto 2024, que, a noviembre, solo alcanzaba el 71,1%, la cifra más baja en los últimos cinco años y comparable a los niveles observados en 2020, durante la pandemia. A pesar de que se han cumplido compromisos clave, como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y los gastos de funcionamiento ($233,67 billones), la ejecución en inversión ha sido muy inferior, alcanzando solo $44,83 billones de los $100,06 billones asignados. Este rezago podría llevar a que recursos importantes queden sin utilizar al final del año.
Según las proyecciones, las pérdidas de apropiación podrían ascender a $96,87 billones, lo que implica que una porción significativa de los recursos destinados a programas y proyectos clave no se ejecuten adecuadamente.
En respuesta a esta situación, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno para que se enfoque en una ejecución más eficiente del presupuesto, teniendo en cuenta la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios. Además, recomendó evitar el uso excesivo de mecanismos como las fiducias y acelerar la ejecución de los recursos, especialmente en el área de inversión, para no limitar el desarrollo de proyectos fundamentales para el país.
