El Consejo de Estado suspendió parcialmente una resolución del Gobierno nacional que frenaba la ejecución de órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas vinculadas al crimen organizado de alto impacto.
La decisión judicial afecta a siete presuntos cabecillas de organizaciones delincuenciales con presencia en Medellín, Bello y otros municipios del Valle de Aburrá.
Cuestionamientos a aplicación de la ‘Paz Total’
La medida fue adoptada dentro de una demanda de nulidad simple contra el acto administrativo expedido en el marco de la política de Paz Total.
Según el alto tribunal, la resolución no cumplió con los condicionamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023, relacionados con la suspensión de órdenes de captura contemplada en la Ley 2272 de 2022.
El Consejo de Estado señaló que, además de la motivación presentada por el Gobierno, era necesario contar con un análisis individual por parte de la Fiscalía sobre la idoneidad y necesidad de suspender cada orden de captura.
Medida no podía ser generalizada
El despacho concluyó que la suspensión de las órdenes no podía aplicarse de manera discrecional o generalizada, sino que debía cumplir criterios específicos de evaluación jurídica y judicial.
Por esta razón, la medida cautelar fue concedida respecto a siete órdenes de captura que permanecían suspendidas.
Sin embargo, el alto tribunal negó la solicitud frente a otros 16 integrantes de estructuras criminales, debido a que previamente la Fiscalía General de la Nación ya había revocado la suspensión de esas órdenes.
