Colombia y la Procuraduría General de la Nación están dispuestas a seguir cumpliendo los compromisos internacionales y a velar por una justicia disciplinaria orientada a proteger los derechos y brindar garantías de debido proceso, concluyeron los invitados al panel “La potestad disciplinaria frente a los servidores públicos de elección popular” que tuvo lugar en el II Congreso de Derecho Disciplinario.
Durante este evento, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Humberto Sierra Porto; el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas y el magistrado de esa misma corporación, Juan Carlos Cortés González, dialogaron sobre ese tema, bajo la moderación del presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera.
Al respecto, los panelistas destacaron el trabajo desarrollado por el Estado colombiano para armonizar el ordenamiento jurídico con la sentencia proferida por la CIDH sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.
Sierra Porto señaló que el control disciplinario tiene que ser manejado dentro de un marco normativo que dé la mayor cantidad de garantías judiciales de debido proceso, orientadas a evitar que pueda entenderse que la labor de la Procuraduría se utilice como un instrumento con fines políticos.
