El documento, denominado “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, fue presentado como un insumo para las autoridades nacionales y expone diferentes escenarios de riesgo que afectan a comunidades en departamentos donde los grupos armados han incrementado su capacidad de control e influencia.
Uno de los datos que más llamó la atención corresponde al número de municipios donde, según la información recopilada por la entidad, estas organizaciones tendrían presencia.
Las disidencias de las Farc aparecen con presencia en 372 municipios, mientras que el ELN tendría presencia en 260 y el Clan del Golfo en 509 municipios.
Estas cifras reflejan, según la Defensoría, una expansión que no se limita a los territorios históricamente afectados por el conflicto armado, sino que alcanza nuevas zonas donde las comunidades quedan expuestas a amenazas, restricciones y diferentes formas de violencia.
La entidad señaló que esta situación representa un desafío para el Estado, especialmente porque las estructuras ilegales buscan ejercer control sobre territorios y comunidades e imponer reglas al margen de las instituciones.
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Violencia, desplazamiento y confinamiento
El informe también advierte sobre las consecuencias que genera el dominio de los grupos armados en las poblaciones afectadas.
Entre los fenómenos identificados aparecen el confinamiento y el desplazamiento forzado de familias, situaciones que obligan a comunidades enteras a abandonar sus territorios o permanecer restringidas en sus propios lugares de residencia debido a las amenazas y enfrentamientos entre organizaciones ilegales.
La Defensoría sostuvo que el Estado debe responder a estas nuevas dinámicas de violencia colocando en el centro la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría constituye uno de los principales mecanismos utilizados para identificar escenarios de riesgo y advertir a las autoridades sobre posibles vulneraciones contra las comunidades.
Más de 650 masacres desde 2019
La radiografía también recoge cifras sobre hechos violentos registrados en los últimos años.
De acuerdo con datos de Indepaz citados en el informe, entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, hechos que dejaron 2.380 personas asesinadas en diferentes regiones del país.
La cifra evidencia la persistencia de la violencia asociada a las disputas territoriales y a la confrontación entre organizaciones armadas.
En varios departamentos, estas estructuras buscan controlar corredores estratégicos, economías ilegales y territorios utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes de financiación.
Alarma por reclutamiento de menores
Otro de los puntos que genera preocupación es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Según los datos incluidos en el informe, los casos pasaron de 318 en 2024 a 420 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 32 % en un solo año.
La Defensoría considera que esta situación constituye una grave amenaza para las comunidades y requiere una respuesta integral que combine seguridad, prevención y protección de los menores.
El reclutamiento también representa uno de los riesgos más graves en territorios donde las organizaciones ilegales ejercen presión sobre las comunidades y aprovechan las condiciones de vulnerabilidad social.
Más de 500 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados
El documento también hace referencia a la situación de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre 2017 y 2026, según las cifras presentadas, fueron asesinados 521 firmantes del acuerdo.
A agosto de 2026, alrededor de 11.000 personas permanecían en proceso de reincorporación, de acuerdo con información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
La Defensoría considera que la protección de esta población continúa siendo un desafío dentro de las políticas de seguridad y construcción de paz.
Un desafío para el Gobierno de Abelardo De La Espriella
El diagnóstico llega a manos del nuevo Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en medio de su apuesta por fortalecer la seguridad y recuperar el control territorial en las regiones afectadas por la criminalidad.
La información recopilada por la Defensoría plantea uno de los principales retos para la administración nacional: enfrentar organizaciones que no solamente tienen capacidad armada, sino que también han logrado establecer redes de financiación, logística y control social en diferentes zonas del país.
La entidad insistió en que las respuestas institucionales deberán adaptarse a las nuevas dinámicas del conflicto y garantizar que las operaciones de seguridad tengan como prioridad la protección de la población civil.
El informe deja así una advertencia para las autoridades: el desafío no está únicamente en combatir a los grupos armados, sino en recuperar de manera efectiva los territorios donde las comunidades han quedado sometidas a sus reglas y garantizar allí una presencia permanente del Estado.
