La muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis ha desatado un fuerte enfrentamiento político e institucional entre la administración del presidente Donald Trump y las autoridades locales de Minnesota.
Desde la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance respaldó de manera tajante al agente implicado, insistiendo en que la víctima “intentó embestirlo con su vehículo”, por lo que el funcionario federal “respondió al ataque y se defendió”.
Vance fue más allá al asegurar que el agente del ICE cuenta con “inmunidad absoluta”, y calificó a la mujer fallecida como una activista radical, a quien describió como una “víctima de la ideología de izquierda”, declaraciones que generaron inmediata polémica y rechazo.
Sin embargo, la versión de la administración Trump fue desestimada públicamente por las autoridades locales. Tanto el alcalde de Mineápolis como el gobernador de Minnesota cuestionaron el actuar del ICE, rechazaron el relato de defensa propia y exigieron que los agentes federales abandonen la ciudad.
Además, anunciaron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales, enfatizando que ningún funcionario está por encima de la ley, independientemente de la entidad a la que pertenezca.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, el alcance de la inmunidad legal de sus agentes y el creciente choque entre gobiernos locales y la política migratoria impulsada desde Washington.
