El Centro Democrático reaccionó a las revelaciones sobre el presunto uso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para vigilar a expresidentes, exvicepresidentes, dirigentes políticos y periodistas durante el gobierno de Gustavo Petro. La colectividad calificó los hechos denunciados como una muestra de la degradación institucional y pidió investigaciones.
“Nada sorprende ya de la degradación del gobierno Petro: herramientas y entidades del Estado habrían estado al servicio de la persecución política”, señaló el partido en un comunicado.
La controversia surgió tras la divulgación de documentos reservados y de los resultados de una auditoría forense sobre el funcionamiento de la DNI. Entre los señalamientos aparece un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos destinados a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de la República.
El informe de empalme, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad, tiene 26 páginas y reúne documentos, fotografías y datos suministrados por funcionarios de la DNI. Según la investigación, sus hallazgos también fueron contrastados con una auditoría forense que examinó 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco teléfonos celulares y tabletas.
Entre los asuntos señalados figura la presunta operación de un grupo denominado «Contrainteligencia del Estado», creado mediante el Decreto 1077 de 2024. Según los testimonios recogidos en el informe, esa estructura habría funcionado con controles insuficientes y acceso a información sensible, incluida información relacionada con sectores de oposición y la campaña presidencial.
Los documentos también mencionan supuestos seguimientos a figuras políticas y funcionarios, entre ellos los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, además de dirigentes como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, y periodistas. Estas afirmaciones hacen parte de los hallazgos divulgados y requieren verificación por parte de las autoridades competentes.
A las denuncias se suman cuestionamientos sobre una presunta sede clandestina de inteligencia en Bogotá, posible presencia de equipos tecnológicos contaminados con programas espía y contratos millonarios que habrían presentado fallas técnicas o problemas de ejecución. La Contraloría anunció una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por más de 20.783 millones de pesos.
El Centro Democrático pidió que se investiguen los hechos y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Hasta ahora, los señalamientos divulgados no equivalen por sí mismos a decisiones judiciales que acrediten la comisión de delitos por parte de los funcionarios mencionados. La controversia deja bajo escrutinio el manejo de información reservada y los controles sobre las actividades de inteligencia durante la administración Petro.
