Antes de ingresar al búnker de la Fiscalía, el exmandatario entregó declaraciones a los medios de comunicación y reiteró su posición frente al proceso judicial que lo vincula nuevamente con uno de los episodios más controversiales de su trayectoria política.
La diligencia estaba programada para las 9:00 de la mañana ante una fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente comprende los hechos violentos ocurridos en los corregimientos de El Aro y La Granja, así como el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y otros acontecimientos que continúan bajo investigación.
El proceso está relacionado con el periodo en el que Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia y pretende determinar si existen elementos que permitan establecer alguna responsabilidad penal, por acción u omisión, frente a los hechos atribuidos a estructuras paramilitares.
La defensa intentó aplazar la diligencia
La comparecencia del expresidente ante la Fiscalía se produce pese a los intentos de su defensa por suspender la diligencia.
El abogado Jaime Granados había solicitado nuevamente el aplazamiento de la indagatoria mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de competencias planteado entre la Fiscalía General y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La Fiscalía rechazó la solicitud y decidió mantener vigente la citación, por lo que Uribe finalmente acudió este viernes a responder ante el organismo investigador.
El conflicto de competencias constituye uno de los elementos jurídicos que rodean actualmente el expediente y deberá ser definido por la Corte Constitucional.
La declaración de Mancuso entró al expediente
El proceso tuvo además un movimiento relevante en las últimas horas.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó una declaración bajo juramento ante la Fiscalía en la que, según lo conocido públicamente, afirmó que no le consta que Álvaro Uribe hubiera tenido conocimiento previo de lo que ocurriría en las masacres de El Aro y La Granja.
La declaración fue incorporada al expediente apenas un día antes de la indagatoria del expresidente, convirtiéndose en uno de los elementos recientes que hacen parte de la discusión jurídica alrededor del caso.
La defensa de Uribe ha insistido en que los testimonios que reposan en el proceso no permiten demostrar su responsabilidad y ha cuestionado la solidez de algunas de las declaraciones utilizadas dentro de la investigación.
La Fiscalía, por su parte, continúa con la valoración de las pruebas y testimonios recopilados para determinar si existen elementos suficientes que comprometan penalmente al exgobernador de Antioquia.
Un expediente que vuelve al centro de la escena
Las masacres de El Aro y La Granja ocurrieron en la segunda mitad de la década de los noventa y han sido objeto de investigaciones durante años por la actuación de grupos paramilitares y por las circunstancias que rodearon los hechos.
El homicidio de Jesús María Valle también hace parte del expediente. Valle, reconocido defensor de derechos humanos, denunció públicamente la presencia y actuación de grupos paramilitares en Antioquia antes de ser asesinado en Medellín en 1998.
La investigación busca establecer, entre otros aspectos, qué información estaba en poder de las autoridades departamentales y si existieron actuaciones u omisiones que puedan tener relevancia penal.
Para Uribe, la diligencia representa un nuevo escenario judicial en un proceso que ha generado durante años fuertes controversias políticas y jurídicas.
¿Qué significa la indagatoria?
La diligencia a la que acudió este viernes no equivale a una condena ni significa que se haya establecido la responsabilidad penal del expresidente.
La indagatoria es una actuación dentro de la investigación en la que el señalado tiene la posibilidad de conocer los hechos que se le atribuyen y entregar su versión ante la autoridad judicial correspondiente.
Será posteriormente la Fiscalía la que deberá valorar el conjunto de pruebas, testimonios y demás elementos que reposan en el expediente y determinar las actuaciones que correspondan conforme a la ley.
Por ahora, Álvaro Uribe volvió a cruzar las puertas de la Fiscalía para enfrentar un capítulo judicial que permanece abierto y que vuelve a poner bajo escrutinio los hechos ocurridos en Antioquia hace casi tres décadas.
