El Gobierno nacional confirmó el traslado de Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, señalado como uno de los cabecillas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, junto con otros 30 privados de la libertad, a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
La decisión fue anunciada este miércoles por el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la medida busca impedir que personas privadas de la libertad continúen utilizando las cárceles como centros para coordinar actividades criminales.
A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que los traslados ya fueron ejecutados y sostuvo que hacen parte de una política de mayor control sobre los internos considerados de alta peligrosidad.
“Que les quede bien claro a los delincuentes y narcoterroristas: la Patria Milagro se respeta. Se ejecutó el traslado de Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, y otros 30 privados de la libertad, a establecimientos de máxima seguridad”, afirmó el presidente.
El Gobierno busca cortar las comunicaciones desde las cárceles
De acuerdo con la explicación entregada por el Ejecutivo, uno de los principales objetivos de la medida es evitar que las estructuras criminales continúen recibiendo instrucciones de sus cabecillas desde los centros penitenciarios.
El Gobierno sostiene que los nuevos traslados permitirán reforzar las condiciones de aislamiento y vigilancia de los internos señalados de mantener vínculos con organizaciones armadas ilegales.
“Se acabaron los privilegios y la permisividad. Las cárceles no son hoteles ni centros de operaciones criminales. Detrás de los muros se cumple la ley, se impone el orden y manda el Estado”, manifestó De La Espriella.
La decisión se produce en medio de la discusión sobre el uso de teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación por parte de internos que, según las autoridades, podrían continuar ejerciendo influencia sobre estructuras criminales que permanecen activas en diferentes regiones del país.
El video que puso nuevamente a ‘Firu’ en el centro de la polémica
El caso de alias ‘Firu’ había adquirido especial atención en los últimos días luego de la circulación de un video en redes sociales en el que aparece realizando una videollamada con alias ‘Primo Gay’, mientras se encontraba privado de la libertad.
La situación generó preocupación en la Gobernación de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón había solicitado al Gobierno nacional adoptar medidas para impedir que internos señalados de pertenecer a organizaciones armadas pudieran mantener comunicaciones con integrantes de esas estructuras desde las cárceles.
Rendón también había planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos de bloqueo de señales y controlar el ingreso y utilización de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Los antecedentes de ‘Firu’
Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, ha sido señalado por las autoridades de pertenecer a las disidencias del EMC y de mantener cercanía con alias ‘Calarcá’.
Su nombre también apareció en el polémico episodio de la caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) registrada en el nordeste de Antioquia, en la que se movilizaban integrantes de estructuras disidentes, entre ellos ‘Calarcá’.
El episodio generó cuestionamientos relacionados con las condiciones en las que integrantes de grupos armados se movilizaban en vehículos asignados a esquemas de protección estatal.
Ahora, con el traslado anunciado por el Gobierno, las autoridades buscan aumentar las restricciones y controles sobre las comunicaciones de ‘Firu’ y de los otros internos incluidos en la operación.
“Las cárceles no pueden ser centros de mando”
La administración de De La Espriella sostiene que los establecimientos penitenciarios deben impedir que los cabecillas de organizaciones criminales continúen impartiendo instrucciones a sus estructuras desde prisión.
La orden de trasladar a ‘Firu’ fue precedida por una instrucción presidencial al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para llevarlo a un establecimiento con mayores controles de seguridad y comunicación.
La medida también se enmarca en las acciones anunciadas por el Gobierno contra diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales, en momentos en que las autoridades buscan impedir que sus principales integrantes mantengan capacidad de coordinación pese a encontrarse privados de la libertad.
