El exfiscal general de la Nación y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, cuestionó con dureza la legalidad del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete para convocar una consulta popular nacional. Según el jurista, el acto administrativo no solo es inconstitucional, sino que podría ser objeto de suspensión provisional por parte del Consejo de Estado.
“El Consejo de Estado podría decretar la suspensión provisional de este decreto”, advirtió Gómez Méndez, argumentando que se trata de un desbordamiento de funciones por parte del Ejecutivo.
En declaraciones públicas, el exfiscal señaló que el decreto desconoce la voluntad del Congreso y representa un uso indebido del mecanismo de participación ciudadana:
“La consulta popular sí es un instrumento legítimo, pero no se puede usar como un ‘coco’ para presionar al Congreso”, dijo.
Gómez Méndez también fue enfático al señalar que el mandatario no tiene la facultad de convertirse en árbitro de las decisiones del poder legislativo:
“El presidente no es juez de los actos del Congreso. Hay un claro desbordamiento en ese concepto. A Petro y a sus ministros se les fueron las luces”, subrayó.
El Decreto 0639, firmado el 11 de junio de 2025, ha generado una intensa polémica en el escenario político y jurídico. Varios partidos ya presentaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando su nulidad, y la advertencia del exministro refuerza el argumento de que la iniciativa podría ser suspendida de forma preventiva mientras se estudia su legalidad de fondo.
En las próximas semanas, el alto tribunal deberá decidir si admite la demanda y si adopta medidas cautelares que detengan temporalmente la convocatoria de la consulta.
