El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, aseguró públicamente que denunció ante las autoridades a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, tras señalar que habría recibido presuntas presiones para negociar una decisión relacionada con el proceso que se adelantaba contra el mandatario por el caso de los topes de campaña.
Durante una entrevista radial, Carranza afirmó que la congresista inicialmente sostuvo conversaciones que calificó como “insinuaciones”, pero que posteriormente, según su versión, las solicitudes se volvieron directas. El jurista aseguró que el 10 de julio se produjo una reunión en la que, presuntamente, Arizabaleta le manifestó que era necesario “negociar” para evitar actuaciones que afectarían al jefe de Estado.
Según Carranza, la representante le advirtió que contaba con los votos suficientes dentro de la Comisión de Investigación y Acusación y que impulsaría decisiones en contra del presidente si no existía un acuerdo. El abogado sostuvo que, tras ese encuentro, informó inmediatamente a Petro, quien le ordenó presentar la denuncia correspondiente y promover una recusación contra la congresista.
El defensor del mandatario afirmó que, posteriormente, Arizabaleta habría materializado esa amenaza al expedir un acto mediante el cual pretendía suspender provisionalmente al presidente en medio del proceso electoral, actuación que calificó como un intento de alterar el orden institucional.
Carranza explicó que no denunció desde la primera reunión porque, según dijo, los primeros encuentros estuvieron marcados únicamente por comentarios ambiguos y solicitudes para servir de intermediario entre la congresista y el Gobierno Nacional. Solo cuando, según su relato, la petición fue expresa decidió acudir a las autoridades.
Durante la entrevista también surgieron interrogantes sobre una posible relación entre las presuntas presiones y disputas alrededor de la Fiduprevisora. Aunque el abogado aclaró que no tiene pruebas que vinculen directamente esos hechos, afirmó que considera posible que existieran intereses políticos o burocráticos detrás de las actuaciones denunciadas.
Carranza sostuvo además que, en su criterio, dentro de la Comisión de Acusación existía un método de trabajo que permitía tramitar denuncias sin realizar un filtro adecuado sobre las pruebas aportadas, situación que, aseguró, generó investigaciones con escaso sustento probatorio contra el presidente.
Otro de los temas abordados fueron los chats conocidos públicamente entre el abogado y Gloria Arizabaleta. Frente a esos mensajes, Carranza negó que existiera una relación de cercanía indebida con la congresista e indicó que el tono cordial de las conversaciones obedecía únicamente al trato personal que ella acostumbraba mantener con diferentes personas.
Respecto a los mensajes relacionados con una compulsa de copias contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, el abogado explicó que dicha actuación hacía parte de una solicitud formal presentada previamente ante distintas autoridades judiciales, luego de considerar que el exfuncionario habría entregado declaraciones falsas bajo juramento en diligencias relacionadas con el caso Odebrecht.
Carranza aseguró que todas las entidades respondieron a su petición, excepto la representante Arizabaleta, circunstancia que, según dijo, despertó sus sospechas debido a que la congresista había trabajado anteriormente en la Fiscalía durante la administración de Martínez. No obstante, aclaró que esa apreciación corresponde a una hipótesis personal que ahora hace parte de las denuncias puestas en conocimiento de las autoridades.
El abogado concluyó que la denuncia fue presentada pocos días después de la reunión en la que, según su versión, recibió las presuntas presiones, insistiendo en que su obligación era informar al presidente de la República y acudir a los organismos competentes para que investiguen lo ocurrido.
Hasta el momento, Gloria Arizabaleta no ha emitido un pronunciamiento público respondiendo a las declaraciones entregadas por Alejandro Carranza. Las acusaciones corresponden a la versión del abogado del presidente y deberán ser objeto de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes.
