Una de las decisiones más relevantes quedó establecida en la Resolución 389, con la que el Ejecutivo ordenó clausurar la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, un espacio creado durante la administración anterior para concentrar a integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, dentro de un proceso que buscaba facilitar su tránsito hacia la vida civil.
Aunque la resolución establece el cierre de la zona, el desmonte no será inmediato. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz tendrá hasta el 30 de septiembre para coordinar las acciones administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para completar la transición.
Además, la entidad deberá adoptar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la resolución, un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, cuya ejecución deberá culminar como máximo en esa misma fecha.
El proceso también contempla a las personas que fueron reconocidas como desmovilizadas y acreditadas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz mediante la Resolución 190 del 12 de junio de 2026.
En estos casos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tendrá que analizar individualmente la situación de cada persona para determinar su eventual ingreso, continuidad en los programas de reintegración y las medidas que correspondan una vez abandonen la ZUT.
La zona había sido autorizada en febrero de este año y estaba vinculada a los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones con dicha estructura armada.
También salen los negociadores del ELN y del Clan del Golfo
El desmonte no se limitó a Putumayo. La Casa de Nariño expidió además la Resolución 391, mediante la cual dejó sin efecto la designación de los representantes del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.
Con esta decisión, quedan formalmente revocados los nombramientos de los delegados que habían sido encargados durante el gobierno anterior de participar en las conversaciones con esa guerrilla.
A esto se suma la Resolución 390, mediante la cual el Ejecutivo revocó la designación de los negociadores gubernamentales ante el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo.
Las tres decisiones marcan un nuevo capítulo en la política de seguridad del Gobierno y reflejan el giro anunciado por De La Espriella frente a las estructuras armadas ilegales.
El presidente había anticipado semanas atrás el cierre de los procesos de diálogo con organizaciones armadas ilegales y planteado una estrategia basada en operaciones de la Fuerza Pública y sometimiento a la justicia, en lugar de mantener mesas de negociación abiertas.
La clausura de la ZUT en Putumayo y la salida de los negociadores del ELN y del Clan del Golfo convierten esos anuncios en decisiones administrativas concretas.
El movimiento también ocurre en un momento en que el Gobierno ha anunciado otras medidas de alto impacto en materia de seguridad, entre ellas el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas y el reinicio de un plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos.
Así, el Gobierno De La Espriella acelera el desmonte de varias de las herramientas utilizadas durante la administración Petro para avanzar en los procesos de diálogo con organizaciones armadas, mientras apuesta por una política que prioriza la presión militar, policial y judicial contra estas estructuras.
