El presidente Abelardo De La Espriella reafirmó el compromiso de su administración con la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, luego de que la Corte Constitucional declarara exequible la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Ejecutivo. El mandatario enfatizó que la coyuntura exige una ejecución célere, responsable y transparente, asegurando que la totalidad de los recursos disponibles se orientará exclusivamente a la atención de los damnificados y al restablecimiento de viviendas, centros hospitalarios, instituciones educativas e infraestructura esencial.
Aunque el alto tribunal respaldó la constitucionalidad de los decretos de excepción emitidos para conjurar los efectos del movimiento telúrico —que dejó más de 300 fallecidos y cientos de miles de afectados en 16 departamentos—, la decisión judicial estableció parámetros estrictos que acotan el margen de maniobra financiera y territorial del Gobierno nacional.
Condicionamientos judiciales y alcance de la ejecución presupuestal
Viñeta Destinación exclusiva del gasto: Los recursos extraordinarios recaudados o asignados bajo esta figura no podrán emplearse para cubrir el déficit fiscal ni atender problemáticas estructurales previas al desastre natural.
Viñeta Delimitación territorial comprobada: La aplicación de las medidas excepcionales queda circunscrita únicamente a los municipios con afectaciones técnicamente acreditadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Viñeta Control financiero y planeación: El Ministerio de Hacienda deberá recalcular el costo real de la emergencia en un plazo de 20 días hábiles, mientras el Ejecutivo estructura un plan plurianual de recuperación sometido a vigilancia fiscal permanente.
