Durante su intervención en la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las garantías de protección para los firmantes del acuerdo de paz, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció una reestructuración profunda en la asignación de los dispositivos de seguridad estatales. El jefe de la cartera política enfatizó que bajo la actual administración finalizará lo que denominó como la “feria de los esquemas de seguridad”, advirtiendo que el erario público no continuará financiando recursos logísticos que sean desviados hacia actividades ilícitas.
El alto funcionario fue categórico al señalar que la protección brindada por el Estado estará estrictamente condicionada al cumplimiento de la ley y la Constitución Política, subrayando que no se permitirá el uso de vehículos ni personal de escolta para el tráfico de estupefacientes, el transporte de armamento ilegal o la movilización de integrantes de organizaciones terroristas. Con este pronunciamiento, el Ministerio del Interior ratificó el endurecimiento de los controles y criterios de evaluación de riesgo para garantizar que las medidas de seguridad cumplan exclusivamente con su finalidad preventiva y legal.
