La Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno nacional tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Sin embargo, estableció restricciones para evitar que el Ejecutivo utilice las facultades extraordinarias en asuntos que no estén relacionados directamente con la atención de la tragedia.
La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, mediante la cual se revisaron los decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026.
Uno de los principales límites establecidos por la Corte tiene que ver con la cobertura territorial. La emergencia solamente podrá aplicarse en los municipios que registraron afectaciones por el terremoto y sus réplicas, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Para incluir otras poblaciones será necesario presentar soportes técnicos que demuestren los daños.
El alto tribunal también determinó que el Gobierno no podrá utilizar esta declaratoria para resolver problemas estructurales que existían antes del sismo. Por esa razón, las facultades extraordinarias no podrán destinarse a implementar reformas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario.
En materia de reconstrucción, la Corte condicionó el uso de estas herramientas a que el Ejecutivo demuestre que los mecanismos ordinarios de financiación son insuficientes y que las obras están directamente relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas.
También habrá controles sobre los recursos económicos. El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y establecer cuánto dinero se necesita para atender la calamidad.
Las entidades que ordenen gastos deberán justificar por qué no pueden recurrir a los mecanismos habituales de financiación. Además, el Gobierno tendrá que establecer un sistema de seguimiento independiente que permita vigilar la destinación de los recursos y garantizar el acceso permanente de los organismos de control a esa información.
Finalmente, la Corte exhortó al presidente de la República a adoptar y ejecutar un plan de recuperación para las zonas afectadas, con una programación presupuestal que contemple varios años.
La decisión fue adoptada por siete votos contra uno. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto, mientras que Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración.
Con este pronunciamiento, la emergencia económica continúa vigente bajo condiciones que delimitan el territorio de aplicación, el destino de los recursos y las facultades extraordinarias del Gobierno.
