La Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, luego de que funcionarios judiciales encontraran obstáculos para ingresar a las instalaciones del Congreso y realizar una inspección ordenada dentro de la investigación que involucra al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro.
La diligencia se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre por instrucción del despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción. Los investigadores buscaban acceder a documentos relacionados con los contratos que tuvo Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso.
Según la información conocida sobre el procedimiento, el ingreso de los funcionarios no fue autorizado inicialmente y se presentaron demoras que impidieron el desarrollo normal de la inspección. Por esta razón, el alto tribunal abrió el incidente para que Salamanca explique lo sucedido y presente sus descargos.
La apertura de esta actuación no significa que la funcionaria haya sido declarada responsable. La Corte deberá establecer si existió una conducta que obstaculizó el cumplimiento de una orden judicial y si corresponde imponer alguna medida.
¿Qué buscaban los investigadores en el Senado?
La inspección tenía como propósito recopilar directamente en la Secretaría del Senado los documentos de los vínculos contractuales de Deicy Jiménez con esa corporación.
La diligencia hace parte de las verificaciones que adelanta la Corte a partir de las denuncias de Jiménez, quien afirmó que habría obtenido contratos estatales en medio de una presunta red de favores sexuales y beneficios laborales. La mujer también señaló al expresidente Petro y mencionó su vinculación con la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro.
Esas afirmaciones son objeto de investigación y no constituyen hechos judicialmente probados. Petro ha rechazado que utilizara contratos estatales para obtener favores sexuales y ha cuestionado las acusaciones.
Salamanca deberá explicar lo ocurrido
Con el incidente de medida correctiva, la directora administrativa tendrá que responder ante la Corte por las circunstancias que rodearon el ingreso de los funcionarios judiciales. El procedimiento está contemplado en la Ley 600 de 2000 y puede derivar en medidas como arresto de uno a 30 días, si el tribunal encuentra que se configuró una conducta que justifique esa decisión.
También podría ordenarse el traslado de copias a las autoridades competentes para que evalúen eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.
La Corte deberá determinar si hubo una obstrucción deliberada o si existieron circunstancias administrativas que expliquen lo sucedido. Mientras tanto, la inspección al Senado forma parte de la recolección de documentos para esclarecer los contratos de Jiménez y avanzar en la investigación que involucra a Petro y Pizarro.
