Carlos Andrés Oyola Tovar habría manipulado sus propios registros académicos para obtener títulos de posgrado y, posteriormente, terminó vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia. Documentos internos de esa entidad lo relacionarían con una supuesta red que habría buscado intervenir los sistemas de la Registraduría durante las elecciones presidenciales de 2026.
El caso de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva, Huila, tomó una nueva dimensión tras conocerse detalles de las presuntas irregularidades que habría cometido para modificar sus calificaciones universitarias y de las actividades informáticas que le atribuyen durante su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación tiene dos líneas que deben distinguirse. La primera corresponde a un proceso penal por presuntas alteraciones de los sistemas académicos y financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La segunda surgió de documentos internos de la DNI que lo relacionarían con operaciones contra bases de datos estatales y un supuesto plan para intervenir los resultados de las elecciones presidenciales.
Por ahora, la captura se produjo en el marco del expediente relacionado con la universidad. Las acusaciones sobre una posible operación electoral siguen bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente demostrados.
Habría cambiado sus propias calificaciones para obtener títulos
Uno de los aspectos más llamativos del expediente tiene que ver con las presuntas maniobras que Oyola habría realizado en la UNAD para modificar su historial académico.
Las primeras alertas aparecieron en junio de 2023, cuando una docente encontró inconsistencias en las notas del estudiante. A partir de ese momento se inició una revisión institucional que terminó detectando diferencias entre las calificaciones registradas en el campus virtual y las almacenadas en las bases de datos administrativas.
Durante las audiencias, la Fiscalía expuso que habría encontrado discrepancias en 41 cursos. Según la hipótesis presentada por el ente investigador, algunas notas que inicialmente aparecían en cero terminaron registradas con calificaciones superiores a 4,0.
La fiscal encargada del caso cuestionó esas variaciones durante la diligencia judicial:
“No se puede entender el hecho que él saque cero en todas las notas y luego saque cuatro”.
La investigación también encontró presuntas irregularidades en los registros financieros de la universidad. De acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, habrían aparecido movimientos manuales relacionados con matrículas que no tendrían respaldo en los sistemas de tesorería. El monto de esas inconsistencias superaría los 35 millones de pesos.
Los títulos que habría obtenido mediante las modificaciones
La Fiscalía sostiene que las alteraciones no se habrían limitado a mejorar el promedio académico del investigado. Según la hipótesis judicial, los cambios habrían permitido acreditar requisitos que no estaban realmente cumplidos y obtener documentos que certificaban la aprobación de programas universitarios.
Entre los títulos cuestionados figuran el de ingeniero de sistemas y una especialización en Gestión Pública. También se investigan irregularidades relacionadas con sus estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
Otro punto bajo revisión es la documentación académica que habría presentado para respaldar su experiencia profesional en un contrato con la Contraloría General de la República.
Ese contrato fue suscrito en octubre de 2022 y tenía una duración de dos meses. Sin embargo, uno de los documentos utilizados como soporte registraba que la especialización en Gestión Pública había sido obtenida el 25 de noviembre de ese mismo año, es decir, después de la firma del contrato.
La Fiscalía busca establecer si los documentos fueron obtenidos mediante modificaciones irregulares y si se utilizaron para acreditar requisitos profesionales ante entidades públicas.
De los cuestionamientos académicos a un cargo en inteligencia
Después de trabajar en otras entidades públicas, Oyola ingresó en febrero de 2024 a la Dirección Nacional de Inteligencia, donde quedó vinculado al área de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Su llegada a una entidad encargada de manejar información reservada adquiere relevancia por las acusaciones sobre sus presuntas actividades informáticas anteriores y por los señalamientos que aparecen en documentos internos de la propia DNI.
Según la información divulgada sobre esos registros, Oyola habría participado en operaciones para acceder a bases de datos de diferentes instituciones estatales. Parte de esa información habría sido copiada y almacenada en una nube, aunque posteriormente se habría perdido.
Los documentos también lo relacionarían con la coordinación de personas dedicadas a actividades informáticas, activistas digitales y otros operadores. Las autoridades deberán establecer qué sistemas fueron intervenidos, qué información habría sido extraída y quiénes participaron en esas operaciones.
La acusación más delicada: un supuesto plan para intervenir las elecciones
El componente político del caso apareció tras conocerse documentos internos de la DNI que atribuyen a Oyola un papel en una presunta operación dirigida a afectar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.
De acuerdo con esos registros, el funcionario habría liderado una red que tendría como objetivo atacar los sistemas de la Registraduría Nacional y alterar los resultados de la votación.
La hipótesis mencionada en las publicaciones sobre el caso apunta a que la operación habría buscado favorecer al candidato Iván Cepeda frente a Abelardo De La Espriella. Sin embargo, esa supuesta finalidad electoral todavía debe ser comprobada por las autoridades.
Los documentos también lo relacionarían con la coordinación de otros operadores informáticos para ejecutar los ataques. Hasta ahora, la información divulgada no permite establecer de manera concluyente quiénes habrían integrado esa estructura, qué acciones concretas se ejecutaron ni si existió una modificación efectiva de los resultados electorales.
¿Qué delitos enfrenta y por qué fue capturado?
La captura de Oyola se produjo en Neiva durante un procedimiento en el que participaron el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Por el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en la UNAD, la Fiscalía le atribuye posibles responsabilidades en los delitos de:
Acceso abusivo a un sistema informático.
Falsedad en documento público.
Fraude procesal.
Concierto para delinquir.
De manera paralela, las autoridades investigan los señalamientos sobre presunto acceso a información clasificada, extracción de bases de datos estatales y posibles actividades dirigidas contra los sistemas electorales. Estas líneas requieren establecer responsabilidades individuales y determinar si hubo participación de otros funcionarios o particulares.
Una investigación que compromete la seguridad de la información estatal
El caso plantea interrogantes sobre los controles utilizados para vincular personal a la DNI, los mecanismos de protección de sus sistemas informáticos y la posibilidad de que un funcionario con acceso a información reservada hubiera extraído o conservado copias de datos institucionales.
También queda por esclarecer si las presuntas irregularidades académicas fueron conocidas por las entidades que contrataron a Oyola y si esos antecedentes fueron revisados antes de su ingreso a la agencia de inteligencia.
La Fiscalía deberá avanzar en la verificación de las pruebas, mientras las autoridades competentes establecen el alcance de las presuntas operaciones informáticas y la eventual participación de una estructura más amplia.
Por ahora, el expediente reúne dos asuntos de distinta naturaleza: las presuntas alteraciones de registros universitarios que motivaron la captura y los señalamientos sobre una posible operación contra los sistemas electorales. Ninguno de los señalamientos equivale, por sí mismo, a una condena contra Carlos Andrés Oyola Tovar.
