Carlos Andrés Oyola Tovar, investigado por posibles irregularidades relacionadas con sistemas informáticos y su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tuvo contratos y vinculaciones laborales con varias entidades públicas, entre ellas la Universidad Surcolombiana, el Congreso y la Contraloría General de la República.
Su nombre está bajo escrutinio después de que documentos internos de la DNI lo señalaran de presuntamente participar en una operación para alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y acceder a bases de datos de distintas entidades del Estado. Estas acusaciones aún deben ser esclarecidas por las autoridades.
De acuerdo con la información divulgada, Oyola es ingeniero de sistemas y trabajó en 2012 con la Universidad Surcolombiana, donde prestó servicios de mantenimiento, instalación e implementación de un sistema integrado para el sitio web de la Facultad de Ingeniería.
También hizo parte de la unidad de trabajo legislativo del entonces congresista Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila, como asistente III. Consultado sobre su relación con Oyola, el mandatario no había respondido al momento de la publicación del reporte.
Contratos con la Contraloría
Entre 2022 y 2023, Oyola suscribió dos contratos con la Contraloría General de la República. El primero tuvo un valor de $9.983.334 y el segundo ascendió a $34.450.000.
Ambos estaban relacionados con el apoyo técnico al despacho del contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad, especialmente en el manejo de bases de datos y fuentes de información utilizadas en actuaciones de control fiscal.
Posteriormente, llegó a la DNI durante la administración de Manuel Casanova. Inicialmente habría estado vinculado a la Dirección de Contrainteligencia y luego fue trasladado al área de tecnología por instrucciones de Jorge Lemus, según la información conocida.
Su situación judicial
Oyola permanece privado de la libertad por una investigación distinta a las denuncias sobre su paso por la DNI. Su captura está relacionada con presuntas irregularidades en el sistema académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), donde habría facilitado la obtención de títulos académicos mediante procedimientos fraudulentos.
La Fiscalía le atribuye posibles delitos relacionados con falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir, según los antecedentes divulgados.
Las investigaciones deberán establecer si tuvo participación en los supuestos accesos ilegales a sistemas estatales y en el presunto intento de alterar resultados electorales. Por ahora, esos señalamientos no constituyen una declaración judicial de responsabilidad.
