Cerca de 4.300 internos de la cárcel La Picota, en Bogotá, quieren poner sobre la mesa una propuesta para combatir la extorsión desde los centros penitenciarios y contribuir con obras de beneficio comunitario. Su petición al presidente Abelardo de la Espriella incluye entregar voluntariamente los celulares que tienen en sus patios y trabajar en la fabricación de elementos para colegios y hospitales.
La iniciativa fue divulgada por Johana Bahamón, representante de la Fundación Acción Interna, en una carta dirigida al jefe de Estado y fechada el 26 de octubre de 2026. El planteamiento surgió de una reunión con representantes de derechos humanos y convivencia de siete patios del establecimiento penitenciario.
La primera propuesta apunta a los celulares que podrían utilizarse para cometer extorsiones desde prisión. Los internos manifestaron su disposición a entregar los equipos mediante un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Según lo expuesto por Bahamón, la iniciativa no estaría sujeta a rebajas de condena, beneficios judiciales ni privilegios para los participantes. La intención es que la entrega se realice de manera voluntaria y organizada, con intervención de las autoridades penitenciarias.
El segundo componente está relacionado con el trabajo productivo. Los reclusos proponen fabricar pupitres para instituciones educativas, confeccionar uniformes escolares y elaborar mobiliario para hospitales. También plantean aportar mano de obra en la construcción y el mejoramiento de carreteras y espacios comunitarios.
La propuesta busca que las actividades laborales dentro de las cárceles tengan una aplicación práctica fuera de ellas, al tiempo que permitan a los internos adquirir destrezas y participar en procesos de resocialización.
Ahora, el desafío estará en la respuesta institucional. La eventual entrega de teléfonos requerirá controles que permitan verificar cuántos dispositivos se reciben y cómo se impide que vuelvan a ingresar de manera irregular. De igual forma, los proyectos de producción y obras públicas necesitarían definir condiciones de seguridad, supervisión, financiación y participación de los internos.
Los representantes de los siete patios esperan que el Gobierno escuche sus planteamientos. Por el momento, no se ha informado de una decisión oficial que confirme la aceptación de las propuestas o la puesta en marcha de un plan de trabajo.
La iniciativa abre una discusión sobre el papel que pueden cumplir los propios internos en la prevención de delitos desde las cárceles y en la construcción de oportunidades de resocialización, aunque sus resultados dependerán de que las propuestas se conviertan en medidas verificables.
