La Casa de Nariño solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para revisar posibles irregularidades en el archipiélago. El anuncio de Cristina Lombana se produjo tras los fuertes cuestionamientos del presidente a la administración departamental.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella llevó su ofensiva contra la presunta corrupción en San Andrés al terreno de los organismos nacionales de investigación y control. La secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, anunció que pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría examinar denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos en el archipiélago.
La solicitud, presentada el domingo 18 de octubre, busca que las actuaciones se coordinen desde Bogotá y que se evalúe la posible existencia de conexiones entre contratistas, decisiones administrativas e intereses políticos. Según Lombana, la medida responde a instrucciones del presidente y a las inquietudes que habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le habrían expresado durante la visita presidencial.
El anuncio llega en medio de la confrontación entre De La Espriella y la gobernadora del departamento. Durante su visita, el mandatario cuestionó la gestión de los recursos públicos y lanzó señalamientos sobre presuntos negocios vinculados al entorno de la mandataria regional y a la corporación ambiental Coralina.
Las acusaciones aún deben ser verificadas. La intervención presidencial y la solicitud de investigaciones no constituyen, por sí mismas, una prueba de que se hayan cometido delitos ni establecen responsabilidades individuales.
¡EN SAN ANDRÉS SE ACABÓ EL REINADO DE LA CORRUPCIÓN!
Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, desde la Secretaría de Transparencia se solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
¡Los recursos de los isleños no son el botín de políticos ni de contratistas corruptos!
Se ha solicitado que las investigaciones sean coordinadas desde Bogotá, que se ejerzan los mecanismos de control preferente y excepcional y que se conforme un grupo especial para investigar posibles redes de corrupción y evitar interferencias locales.
¡La distancia no puede seguir siendo refugio de la impunidad!
El Gobierno del Tigre tiene un compromiso inquebrantable: enfrentar la corrupción, venga de donde venga, y proteger cada peso de los colombianos.
¡San Andrés merece progreso, no corrupción!
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 18, 2026
Tres organismos, una petición del Ejecutivo
Lombana explicó que la estrategia contempla solicitar mecanismos que permitan examinar los casos desde el nivel nacional. Entre las propuestas figuran la evaluación del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, el control excepcional de la Contraloría y la conformación de un equipo especial que trabaje fuera del archipiélago.
El objetivo anunciado es revisar las denuncias de manera conjunta y detectar posibles vínculos entre procesos que involucran a distintas entidades. La funcionaria sostuvo que algunos testimonios recibidos por el Gobierno apuntan a posibles interferencias sobre los organismos locales de control.
La propuesta, sin embargo, no implica que las tres entidades queden bajo las órdenes de la Presidencia. Cada organismo deberá evaluar las solicitudes y decidir, de acuerdo con sus facultades legales, si asume actuaciones, modifica la coordinación de los casos o dispone medidas especiales.
Hasta el momento, el anuncio no detalla un listado completo de contratos bajo sospecha ni confirma que se haya constituido formalmente el grupo investigador.
¿Qué busca establecer la investigación?
La Secretaría de Transparencia puso el foco en la contratación pública y en la posibilidad de que algunos contratistas acumulen adjudicaciones y, posteriormente, ejerzan influencia sobre decisiones políticas o administrativas.
Esa hipótesis deberá contrastarse con documentos contractuales, registros presupuestales, decisiones administrativas y cualquier otra evidencia que puedan recaudar las autoridades. También será necesario establecer si existen conexiones verificables entre las denuncias y si estas comprometen a funcionarios públicos o particulares.
El caso de Coralina también quedó mencionado en los cuestionamientos presidenciales. No obstante, para determinar si hubo irregularidades será necesario identificar las actuaciones específicas bajo revisión y conocer las pruebas que las respaldan.
El pulso con la gobernadora pasa a otra instancia
La disputa entre el presidente y la gobernadora ahora tiene una dimensión institucional. El Ejecutivo busca que las autoridades nacionales examinen los señalamientos, mientras que la responsabilidad de establecer si hubo conductas penales, disciplinarias o fiscales corresponde a los organismos competentes.
El desarrollo del caso dependerá de decisiones concretas: si la Fiscalía abre o amplía investigaciones, si la Procuraduría ejerce su poder preferente, si la Contraloría asume actuaciones excepcionales y qué información logra verificarse sobre los contratos cuestionados.
Por ahora, existe una solicitud de intervención y una serie de denuncias que requieren comprobación. El resultado permitirá determinar si los señalamientos derivan en hallazgos formales o si algunos de ellos no cuentan con sustento suficiente.
