La iniciativa busca que las condiciones climáticas de cada territorio sean tenidas en cuenta para determinar el consumo básico de energía eléctrica y garantizar un tratamiento más equitativo para los hogares colombianos.
El senador Gonzalo Baute radicó un proyecto de ley que busca avanzar hacia una mayor equidad energética en Colombia, mediante la actualización de la metodología para determinar el consumo básico o de subsistencia de energía eléctrica, incorporando variables climáticas que reflejen las condiciones reales de los hogares.
La iniciativa plantea que la determinación del consumo de subsistencia no dependa únicamente de la altitud sobre el nivel del mar, como ocurre actualmente, sino que también tenga en cuenta factores como la temperatura media y máxima, la humedad relativa y la sensación térmica o el índice de calor.
“La equidad energética significa reconocer que las necesidades de los hogares no son iguales en todos los territorios. El clima también importa, y las reglas deben responder a las condiciones reales en las que viven los colombianos”, es el principio que orienta esta iniciativa.
Actualmente, el consumo de subsistencia se determina principalmente con base en la altitud: 173 kilovatios hora al mes para las zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y 130 kilovatios hora mensuales para aquellas que se encuentran a partir de esa altura. Esta metodología tiene su origen en la Resolución UPME 355 de 2004.
Para el senador Baute, es necesario avanzar hacia un modelo que reconozca las diferencias climáticas entre los territorios, pues hogares ubicados a una misma altura pueden enfrentar temperaturas, niveles de humedad y sensaciones térmicas muy distintas, lo que incide en sus necesidades básicas de ventilación, refrigeración y acondicionamiento térmico.
Una metodología basada en criterios técnicos y objetivos
El proyecto propone adicionar un parágrafo al artículo 8 de la Ley 632 de 2000, con el propósito de incorporar de manera permanente las variables climáticas en la metodología para determinar el consumo básico o de subsistencia.
La iniciativa mantiene la competencia técnica en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad que deberá actualizar la metodología en un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la promulgación de la ley.
Cuando los estudios técnicos determinen que las condiciones climáticas generan necesidades adicionales, objetivas y verificables de consumo eléctrico para satisfacer necesidades básicas, la UPME deberá establecer niveles diferenciados de consumo de subsistencia.
Además, la metodología deberá revisarse como mínimo cada cinco años y los estudios técnicos que la soporten serán públicos. Una vez actualizada, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) contará con un plazo de hasta seis meses para adoptar las disposiciones regulatorias correspondientes, dentro de sus competencias.
Una iniciativa de alcance nacional
Aunque la propuesta responde a una problemática que afecta especialmente a territorios con altas temperaturas y elevada humedad y hogares con menor ingreso, su alcance es nacional. El objetivo es que los usuarios sometidos a condiciones climáticas equivalentes reciban un tratamiento equivalente, sin importar el departamento, municipio o región en la que residan.
El proyecto también contempla mecanismos de seguimiento institucional, mediante la presentación de informes del Ministerio de Minas y Energía y de la UPME ante las Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes del Congreso.
Es importante precisar que la iniciativa no establece automáticamente una nueva tarifa, no fija directamente nuevos niveles de kilovatios hora ni incrementa de manera inmediata los subsidios. Su propósito es actualizar los criterios técnicos que determinan el consumo de subsistencia, referencia fundamental para la aplicación de los subsidios al servicio de energía eléctrica. Su implementación deberá atender las disponibilidades presupuestales y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Con esta propuesta, el senador Gonzalo Baute busca impulsar una regulación energética más sensible a las realidades territoriales, sustentada en evidencia técnica y orientada a que las condiciones climáticas de los hogares sean reconocidas al momento de establecer sus necesidades básicas de consumo eléctrico.
